Estas graves irregularidades fueron expuestas en una exhaustiva auditoría de 419 páginas realizada por la Contraloría General.Entre 2021 y 2022, el Fonpaz autorizó pagos a excombatientes fallecidos, provocando un daño significativo al patrimonio público. Además, se evidenció que algunos exguerrilleros recibieron salarios mensuales superiores a los acordados en el proceso de paz. En total, se registraron pagos cercanos a los 10.635 millones de pesos para 12 combatientes durante ese período.La auditoría también reveló que recolectores de hoja de coca, participantes en programas gubernamentales, que figuraban como fallecidos o encarcelados, recibieron pagos por un total de 60 millones de pesos. Estas acciones irresponsables generaron una cuantiosa suma de 24.422 millones de pesos en daño al patrimonio público.“En cuanto a la gestión ineficiente e inefectiva (…) genera un daño al patrimonio público en cuantía total de 24.422 millones de pesos”, se lee en el informe.Además, se detectaron deficiencias en la aplicación de controles y seguimiento en la verificación del cumplimiento de requisitos para los beneficiarios, así como la falta de aplicación de sanciones a excombatientes condenados que continuaron recibiendo salarios.“Como resultado del análisis se establecieron deficiencias en la aplicación de los controles y en el seguimiento ejercido por las entidades (…) en la verificación del cumplimiento de requisitos y/o condiciones de permanencia”, asegura la ContraloríaEl informe de la Contraloría también señala que el Fondo no registró el ingreso de 3.615 millones de pesos destinados a obras públicas y no cumplió con la transferencia de 773 millones de pesos provenientes de contribuciones de la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia.Adicionalmente dice el documento que “se mantiene entonces lo observado para pagos con diferencia de ocho días entre la fecha de fallecimiento y la realización del pago, considerando, más aún, que no se determina en los procedimientos términos precisos para el desarrollo de las verificaciones”.Ante estas revelaciones, la Contraloría concluyó que hubo un “incumplimiento de los objetos contractuales” y “debilidades en la finalidad de los recursos”. La entidad también advirtió sobre posibles sanciones de la Dian y señaló una falta de control en los registros documentales.El Fondo Colombia en Paz, aunque reconoció las fallas, atribuyó las irregularidades a “acciones u omisiones” de los contratistas y entidades encargadas, destacando que la mayoría de las actividades auditadas corresponden a la gestión del gobierno anterior. Se anunciaron medidas correctivas y un plan de mejoramiento para evitar situaciones similares en el futuro.
