Ramiro Avendaño, presidente de Canal 1, advierte que el contrato vigente hasta 2037 podría ser vulnerado, calificando las acciones gubernamentales como un ataque a la libertad de expresión.
Hasta este viernes en la noche y en días anteriores, el presidente Gustavo Petro insistió en sus redes sociales que el Canal 1 tiene una concesión hasta 2027 y “no tiene derechos eternos sobre bienes públicos, como el espectro electromagnético, que son propiedad de la Nación”; por tanto, dice el mandatario, debe abrirse una licitación a pesar de que su mandato termina en agosto de 2026.
De entrada, el jefe de Estado está faltando a la verdad sobre las fechas porque el contrato de la concesión termina realmente en abril de 2037 y “está ratificado por el propio MinTIC del presidente Petro (…) estamos frente a no solo decisiones arbitrarias sino afirmaciones temerarias que están poniendo en riesgo a las personas que trabajan con nosotros y a la libertad de prensa”, dice Ramiro Avendaño, presidente de Canal 1.
Según un documento del Ministerio de las TIC conocido por este diario, a partir de la Ley 1978 de 2019 “el plazo de los contratos de concesión de espacios de televisión del canal nacional de operación pública tendrán una duración de 20 años, prorrogables por 20 años más” y le aplica al contrato de 2017 de Canal 1 según les dijo esa cartera.
Investigación de la SIC
Pero más allá de las fechas y el detalle jurídico, el fondo del debate tiene otras aristas. El inicio de los pronunciamientos del mandatario ocurrió por un tema distinto. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en cabeza de la abogada Cielo Rusinque, investiga al concesionario Canal 1 por un acuerdo con Caracol Radio del grupo español Prisa que según la resolución con pliego de cargos hubo una presunta integración empresarial efectiva y no informada entre ambos medios.
Canal 1 insiste en que solo se trató de un licenciamiento de contenidos temporal, no de una integración. También denuncia que la SIC usó información privada en la investigación, incluyendo documentos comerciales protegidos por el secreto profesional.
“Esta actuación no solo desconoce los hechos, sino que además se inscribe en un patrón de hostigamiento reiterativo de diferentes autoridades como el MinTIC y la SIC, entre otros, que continúan la presión política, con el propósito de debilitar a un medio de comunicación libre y democrático”, se lee en el comunicado del canal.
Este periódico buscó a Rusinque para incluir su versión en esta historia, pero hasta el cierre de la edición no había contestado.
Ese caso seguirá en investigación y tendrá el curso propio de las actuaciones que adelanta la SIC, pero no tiene que ver con lo que dice el presidente Petro en X en relación a que “llegó el final de Canal 1” y que “hay que proceder con la licitación”.
Sin embargo, Petro manifestó en su mensaje más reciente que “tenemos serias dudas de su fusión empresarial con capital extranjero, que en las normas existentes está prohibida para la televisión”. A lo que Avendaño insiste en que fue una inversión extranjera en el marco del TLC y sobre la propiedad del espectro electromagnético, que en efecto es de la Nación y es un argumento repetido de Petro, el directivo dice que “nosotros pagamos 117.000 millones de pesos por el permiso de poder operar”.
¿Por qué las amenazas?
Entonces, ¿por qué o para qué el Gobierno insiste en atacar a Canal 1?
Fuentes de esa concesión consultadas bajo reserva temen que ocurra un escenario parecido al de Keralty, propietario de la EPS Sanitas, es decir, una intervención para nombrar un interventor que administre el canal en los meses 11 que le quedan de mandato al petrismo. El presidente Petro ha dicho que Canal 1 debería ser entregado al Estado para hacer contenidos culturales y de la juventud, sin dar mayores detalles e ignorando los términos de la licitación vigente.
Otras teorías, pero con menos fundamento, indican que el Ejecutivo buscaría más bien a los otros dos canales privados, Caracol y RCN, para sacar del camino a Canal 1.
Este diario conoció en primicia que este viernes se cayó la alianza de contenidos entre El Espectador —de propiedad del mismo grupo económico dueño de Caracol Televisión— y Canal 1.
Aunque se podría pensar a primera vista que fue por presión del Gobierno, realmente hay otros factores empresariales más amplios relacionados con la competencia entre esas marcas, según fuentes.
Lo cierto es que los ataques del jefe de Estado al Canal 1 y sus directivas ha despertado la indignación de la oposición que ha dicho que se trata de un intento de expropiación.
“Empezó la dictadura y expropiación de los medios de comunicación. El principal síntoma que de verdad vivimos en una democracia es la libertad de prensa, hoy la estamos perdiendo”, dijo la representante a la Cámara, Katherine Miranda de la Alianza Verde.
Avendaño concluye que son peligrosas las declaraciones del presidente Petro porque atentan contra la libertad de prensa y económica: “Lo del presidente Petro es matoneo de Estado (…) Estamos muy sorprendidos que en este país haya protección para los corruptos y persecución para la gente que trabaja e intenta hacer las cosas bien”.
