La semana que comienza es definitiva para el futuro de la cadena de tiendas de bajo costo Justo & Bueno, propiedad de la compañía Mercadería.
Hay una razón, y es que los interesados en presentar un plan de salvamento, tal como quedó definido en la audiencia pública del pasado 12 de mayo, no lo hacen, la compañía irá a liquidación definitiva.
Así lo ratificó Billy Escobar Pérez, superintendente de Sociedades, tras señalar que “ya se vencieron todos los tiempos y es el momento de decidir el futuro de Justo & Bueno”.
El funcionario también fue enfático en señalar que “no se admiten más dilaciones ni hay más plazos”, por lo que las propuestas que puedan llegar esta única semana “deben ser muy concretas, específicas y razonables” para tomar una decisión al respecto.
El funcionario guarda la esperanza de que cualquiera de las propuestas pendientes por recibir esta semana aseguren la viabilidad del negocio, pues una liquidación tendría un impacto social grande.
“Ojalá esas opciones se den porque sería inyectar recursos, cumplir las obligaciones pendientes y seguir adelante la operación de la compañía. Ese es un escenario deseable”, precisó Escobar Pérez.
Hasta abril pasado aún permanecían vinculadas laboralmente a la organización unas 5.700 personas, de los cerca de 9.300 trabajadores directos que tenía en el 2020 antes de la pandemia. Sus directivas hablaban de más de 20.000 empleos si se sumaban los indirectos.
Una eventual liquidación también impactaría a unos 280 proveedores, buena parte de estos, emprendimientos familiares y microempresas que surtían de mercancías las 1.320 tiendas de Justo & Bueno que alcanzaron a operar en todo el país un par de años atrás. Hoy se habla solo de unas 70, cuando a comienzos de año rondaban las 700.
Sin embargo, ya han pasado más de dos meses desde cuando en la audiencia pública mencionada un grupo de acreedores le solicitaron al juez Santiago Londoño plazo para presentar un plan que permitiera mantener la operación de las tiendas Justo & Bueno, pero hasta la fecha no hay nada concreto, salvo algunos anuncios escuetos dados a conocer la semana pasada por uno de los grupos de acreedores interesados, el liderado por Alfonso Giraldo Castro, de Lobbying & Consulting.
En el texto difundido se indica que los acreedores que representa aportarán “el capital que se requiere para cancelar la totalidad de las obligaciones con la Dian, los municipios, así como todo lo que la empresa ha reconocido como deuda a empleados, con ocasión de los contratos de trabajo y las demás obligaciones cuyo pago corresponda en los términos del Decreto 560 de 2020”.
También indicó que sería pagado todo lo que se adeuda desde el 18 de enero de 2022 a la fecha en la que se tome una decisión definitiva, incluidos en ese monto los cánones de arrendamiento y los servicios públicos, y que la oferta de aporte de capital será presentada de manera formal cuando lo determine la Superintendencia de Sociedades.
Hasta abril pasado las obligaciones pendientes por cancelar a trabajadores, proveedores, arrendadores, empresas de servicios públicos y la Dian alcanzaban los 134.000 millones de pesos.
El anuncio de ese nuevo plan de salvamento fue recibido con bastante reserva por un amplio grupo de propietarios de los locales en los que funcionan las tiendas, algunos de quienes manifestaron que se trataba de lo mismo de siempre, pues no se habla de una propuesta de fondo, con tiempos ni compromisos respecto a las obligaciones pendientes, así como tampoco se proporcionó el nombre del supuesto fondo o inversionistas que aportarían el capital, del cual no se menciona el monto.
