La Fiscalía General de la Nación anunció este lunes 22 de diciembre la imposición de medidas de extinción de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de algunos de los implicados en el caso de Centros Poblados, relacionado con el contrato suscrito con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
Según informó el ente acusador, entre los afectados figuran Emilio José Tapia Aldana, Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres y Luis Fernando Duque Torres, así como algunos de sus familiares.
De acuerdo con la Fiscalía, los bienes afectados superan un valor estimado de 65.900 millones de pesos y corresponden a predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y activos societarios. Las propiedades están ubicadas en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño.
Las investigaciones establecieron que estos bienes habrían sido adquiridos con recursos provenientes de las irregularidades detectadas en el proceso de contratación y del anticipo entregado de manera indebida a la Unión Temporal Centros Poblados.
En un comunicado oficial, la Fiscalía precisó que las medidas fueron impuestas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y tienen un carácter exclusivamente jurídico. El objetivo, según el ente investigador, es proteger y recuperar los recursos públicos comprometidos en la ejecución del proyecto, que contemplaba la instalación de 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país.
La entidad explicó que las decisiones se adoptaron con base en las causales de equivalencia, mezcla y destinación, al establecerse la imposibilidad de ubicar la totalidad de los dineros que habrían sido desviados en el marco de este escándalo de corrupción.
