Los estatutos del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) establecen restricciones claras sobre el uso de sus reservas y de los recursos administrados por concepto de cesantías, aun cuando el Gobierno Nacional impulsa un traslado parcial de estos dineros hacia el Tesoro.
Documentos internos revisados por La FM muestran que estas reservas solo pueden destinarse a fines relacionados con la seguridad social y la administración de prestaciones sociales. Además, el Fondo únicamente puede distribuir utilidades derivadas de actividades no vinculadas directamente con su función misional.
El artículo 63 de los estatutos indica que cualquier distribución de utilidades requiere aprobación de la Asamblea General, soportada en estados financieros auditados, y no puede incluir excedentes provenientes de la administración de cesantías.
Gobierno pide mover parte de $800.000 millones
En las dos últimas sesiones de la junta directiva del FNA se discutió la solicitud del Gobierno de trasladar una fracción de las reservas, que ascienden a cerca de 800.000 millones de pesos. Tres asistentes a las reuniones confirmaron que la petición fue presentada por el representante del Grupo Bicentenario, en línea con un proceso liderado por el Ministerio de Hacienda para incorporar utilidades de las entidades públicas al presupuesto nacional.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió el movimiento al señalar que todas las entidades del Grupo Bicentenario deben transferir sus utilidades. Aseguró que el FNA ha reinvertido sus ganancias durante años, generando “reservas exageradas” y una posición patrimonial que permitiría reducir su nivel.
Debate jurídico frena decisión
La junta directiva no tomó una decisión final. Parte de las reservas en discusión corresponde a fondos destinados a mitigar riesgos financieros que nunca han sido utilizados.
Mientras algunas fuentes aseguran que estas reservas pueden liquidarse, otras advierten que los recursos relacionados con cesantías están protegidos por su naturaleza de seguridad social y no pueden ser entregados al Gobierno.
El debate jurídico se centra precisamente en esa distinción: determinar qué recursos constituyen utilidades transferibles y cuáles están restringidos por ley.
La presidenta del FNA, Laura Roa, no respondió a las solicitudes de información. El tema seguirá en discusión en la próxima junta directiva, mientras crece la tensión entre las necesidades fiscales del Gobierno y los límites legales que rigen al Fondo.
