El Ministerio del Trabajo expidió un decreto reglamentario que fortalece la protección de las personas que denuncien acoso sexual en sus entornos laborales, así como de quienes testifiquen en estos casos.
El ministro Antonio Sanguino explicó que la normativa impone multas a los empleadores que tomen represalias, incluyendo despidos injustificados. Según el decreto, si un trabajador es despedido durante el proceso o hasta seis meses después de denunciar acoso, se presumirá que fue una represalia y el empleador podrá ser sancionado con multas de hasta 5.000 salarios mínimos diarios.
El decreto establece que el despido en estos casos no tendrá validez, salvo si cuenta con autorización del Ministerio del Trabajo o si el empleado ya enfrentaba un proceso disciplinario antes de denunciar. Además, si el despido ocurre después de seis meses, el empleador deberá demostrar que no fue en represalia.
