Dos meses después de la muerte de Yulixa Toloza, la Fiscalía General de la Nación dio un nuevo paso en la investigación al radicar el escrito de acusación contra dos hombres que, presuntamente, participaron en la desaparición de evidencias y el abandono del cuerpo de la víctima.
Los procesados son Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, quienes serán llevados a juicio por los delitos de favorecimiento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
Según la Fiscalía, las pruebas recopiladas indican que ambos habrían participado en las acciones dirigidas a desaparecer el vehículo utilizado para trasladar y abandonar el cuerpo de Yulixa, quien falleció el pasado 13 de mayo, luego de someterse a un procedimiento estético en un centro clandestino de Bogotá.
El cadáver de la mujer fue hallado el 19 de mayo en una zona boscosa ubicada a un costado de la vía entre los municipios de Apulo y Anapoima, en Cundinamarca, a varias horas de la capital del país.
El caso causó gran impacto nacional y puso nuevamente en evidencia los riesgos que representan los establecimientos estéticos ilegales que continúan funcionando pese a las medidas de suspensión impuestas por las autoridades.
La investigación también reveló, con base en el dictamen de Medicina Legal, que Yulixa Toloza presentaba embolia pulmonar, anemia, fracturas y lesiones ocasionadas con arma blanca, hallazgos que hacen parte del proceso judicial en curso.
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Tras este y otros casos recientes, como el fallecimiento de una mujer de 52 años después de una intervención en otro centro estético clandestino en la localidad de Puente Aranda, las autoridades intensificaron los controles sobre este tipo de establecimientos.
De acuerdo con cifras entregadas por la Alcaldía de Bogotá, desde 2025 se han realizado 1.296 visitas de inspección y 590 operativos de control en centros estéticos, lo que ha derivado en 155 medidas sanitarias contra establecimientos que incumplían la normatividad.
En lo corrido de 2026, además, las autoridades han efectuado 104 inspecciones motivadas por denuncias ciudadanas y han impuesto 34 nuevas medidas de seguridad sanitaria, como parte de la estrategia para combatir la ilegalidad y proteger la salud de los usuarios.
