El documento establece que esta designación tiene como objetivo que el exjefe paramilitar “contribuya con su conocimiento y experiencia al diseño de procesos de desarme colectivo de los grupos criminales que operan en el territorio nacional”.
En concreto, la resolución señala que uno de los beneficios otorgados a Mancuso, exlíder de las Autodefensas Unidas de Colombia, es la solicitud del gobierno a las autoridades competentes de “suspender las medidas judiciales en curso en contra de Mancuso”.
Además, Mancuso deberá firmar un acta ante la oficina del Alto Comisionado para la Paz, comprometiéndose a asistir a los procedimientos judiciales en Colombia y a informar sobre las actividades que desarrolle en su papel de gestor de paz.
La resolución establece claramente que “el incumplimiento de los compromisos adquiridos dará lugar a la revocatoria de la designación como gestor de paz y, por lo tanto, a la reactivación de las medidas penales”.
Con la firma de este documento por parte del presidente, se espera que se lleve a cabo el proceso ante la justicia de los Estados Unidos para el traslado de Salvatore Mancuso a Colombia, después de su designación como gestor de paz y sus acuerdos con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en los cuales proporcionó detalles adicionales sobre la relación entre las fuerzas armadas, los actores políticos y los paramilitares en diversas audiencias.
