El Gobierno Nacional decidió extender por siete meses el contrato con la empresa Thomas Greg & Sons (TGAS) para la producción de pasaportes, mientras avanza un convenio de cooperación con Portugal que aún genera más preguntas que respuestas. La transición será liderada por Elvira Sanabria, secretaria general de la Cancillería, cercana al jefe de gabinete Alfredo Saade.
La medida llega tras la polémica cancelación de la licitación inicial por orden del presidente Gustavo Petro, quien había prometido no volver a contratar a TGAS. Sin embargo, el Ejecutivo terminó haciendo lo mismo que propuso su exfuncionaria Laura Sarabia antes de salir del Gobierno. La diferencia ahora es que la gestión está en manos de Saade y Sanabria, su amiga de infancia.
Aunque el convenio con Portugal fue anunciado como un proceso de “transición” hacia una producción nacional de pasaportes, su contenido no ha sido divulgado oficialmente, y no está claro el costo, el cronograma ni si la Imprenta Nacional está en condiciones técnicas de asumir el reto en abril de 2026, como está previsto.
La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra la canciller (e) Yolanda Villavicencio, Sanabria y la gerente de la Imprenta Nacional, Viviana León, por presuntas irregularidades en la planeación y firma del acuerdo. Mientras tanto, se mantiene la incertidumbre sobre el futuro del servicio y la viabilidad del nuevo modelo.
El sindicato de la Imprenta ha advertido que la entidad no cuenta con la infraestructura necesaria y reportó pérdidas históricas en 2024. El Gobierno, sin embargo, insiste en que la transición está garantizada y que el precio del pasaporte no subirá.
Por ahora, Thomas Greg continuará emitiendo pasaportes hasta marzo de 2026, mientras se define si la apuesta del Gobierno por un modelo público será viable o quedará, como otras decisiones del presidente, marcada por la improvisación.
