Un nuevo desacuerdo institucional se desató entre el Gobierno nacional y la Fiscalía General de la Nación tras la decisión del ente acusador de no suspender las órdenes de captura contra 29 presuntos cabecillas del grupo armado organizado Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
La solicitud del Gobierno hacía parte de los avances de los diálogos de paz que se adelantan desde el año pasado en Doha, Catar, donde se ha planteado la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) como parte del proceso de negociación.
Sin embargo, la Fiscalía indicó que aún existen dudas jurídicas sobre el alcance de los acuerdos y sobre la situación judicial de varios integrantes de la estructura armada, por lo que decidió abstenerse de aplicar la suspensión automática de las órdenes de captura.
En su pronunciamiento, el ente investigador señaló que no implementará medidas orientadas a otorgar condiciones de seguridad jurídica para el traslado de integrantes del grupo a dichas zonas, lo que genera incertidumbre sobre la ejecución de los compromisos pactados.
Uno de los puntos más sensibles del debate gira en torno a la inclusión de alias ‘Chiquito Malo’, identificado como Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, señalado como uno de los principales jefes del grupo, y requerido en extradición por Estados Unidos.
La controversia se intensificó luego de que la Corte Suprema de Justicia emitiera concepto favorable para su extradición, lo que ha generado fricciones sobre el cumplimiento de compromisos internacionales.
Desde el Gobierno, el presidente Gustavo Petro aseguró que la inclusión de nombres en la lista de integrantes del proceso no fue consultada directamente con él, y reiteró que no ha suspendido ninguna orden de extradición en curso.
Por su parte, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, cuestionó la postura de la Fiscalía y defendió la legalidad de las medidas solicitadas, argumentando que la normativa vigente contempla herramientas para facilitar los procesos de desmovilización y ubicación en zonas especiales.
La decisión de la Fiscalía deja en suspenso la implementación de las ZUT previstas para iniciar en junio de 2026 en regiones como Tierralta (Córdoba) y Belén de Bajirá (Chocó), y reaviva el debate sobre los alcances de la política de “paz total” y la coordinación entre las ramas del poder público en Colombia.
