La estrategia integral definida por la Fiscalía General de la Nación para poner en evidencia y judicializar a los principales determinadores de la destrucción de los recursos naturales del país, y la articulación de capacidades con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional permitieron impactar a una red delincuencial señalada de explotar carbón a gran escala en zona de frontera con Venezuela.
Esta organización obtenía el mineral en dos complejos ubicados en la vereda 20 de Julio, en El Zulia (Norte de Santander), los cuales no tenían título minero, licencia ambiental, ni los permisos de ley para operar en la modalidad de socavón.
Los entables estaban dotados de equipos mecánicos y diversas estructuras como malacates, rieles y coches vagones, y los trabajadores disponían de motores, compresores de aire, combustibles y otros elementos que generaron daños irreparables a la vegetación, el suelo, las fuentes hídricas y la fauna silvestre.
En el curso de la investigación se estableció que el entramado ilegal funcionaba desde octubre de 2020, con roles plenamente establecidos y determinados. Cada mina tenía administrador y su respectiva nómina.
Adicionalmente, fueron constituidas dos empresas para dar apariencia de legalidad al carbón y comercializarlo a nivel nacional, también había un grupo de transportadores que se encargaba de mover el mineral a cualquier región y algunos servidores públicos que habrían favorecido la actividad delictiva.
Por estos hechos fueron capturados por orden judicial cinco de los integrantes de la red, entre ellos los presuntos cabecillas y dinamizadores, identificados como Ángel Gabriel Ramírez Cuesta y José María Jiménez Sánchez.
Los demás detenidos son: Óscar Torrado Álvarez, el posible comercializador principal; Kelly Johanna Hernández Quintero, quien sería la administradora de las minas; y el intendente en retiro de la Policía Nacional Huber Botello Santiago, señalado de alertar sobre las operaciones e investigaciones que avanzaban contra la extracción ilegal de minerales en El Zulia.
Un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a estas cinco personas los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, daño en los recursos naturales, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero y concierto para delinquir agravado.
Ante la contundencia de los elementos materiales probatorios presentados, Ramírez Cuesta, Jiménez Sánchez y Torrado Álvarez aceptaron los cargos y deberán permanecer privados de la libertad en sus lugares de residencia. Los otros dos investigados recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
