Hasta el pasado jueves, el proyecto que pretendía regular las plataformas digitales de transporte como Uber o Beat tenía buenas posibilidades de pasar su primer debate en el Congreso. Pero en apenas 48 horas todo se desmoronó. ¿Qué pasó?
La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes decidió este domingo archivar el proyecto de Ley No. 003 de 2020, firmado por 72 congresistas, que pretendía regular las plataformas digitales de transporte y “equilibrar la cancha” con los taxistas frente al limbo regulatorio que ha permanecido durante más de ocho años.
El hundimiento fue sorpresivo, pues hace apenas dos semanas la Comisión Sexta de la Cámara había aprobado la ponencia del proyecto, que es el texto base para iniciar la discusión.
Esto sucede en víspera de un paro nacional de taxistas convocado para este lunes y amenazas que recibieron el representante a la Cámara por Bolívar Emeterio Montes (Conservador) y el representante a la Cámara por Bogotá Mauricio Toro (Alianza Verde) por promover esta propuesta.
Según explicó el representante Mauricio Toro, autor del proyecto, el anuncio del paro de taxistas causó zozobra en la comisión, que al final terminó cediendo.
“Se vino el paro nacional, donde tuvimos amenazas que terminó en un final que no esperábamos, hundiéndose el proyecto”, dijo Toro.
A esto se sumaron las amenazas, al parecer provenientes de algunos grupos de taxistas, que denunciaron el fin de semana tanto el ponente del proyecto, Emeterio Montes, como el presidente de la Comisión Sexta, Oswaldo Arcos.
Frente a los señalamientos, el líder de taxistas, Hugo Ospina, fue enfático: “Yo jamás he llamado a un funcionario para constreñirlo”.
El proyecto naufragó, además, según conoció este diario, en medio de presiones del Gobierno para evitar que la iniciativa prosperara.
Tras conocerse el hundimiento del proyecto, Alianza In, organización que agrupa a las plataformas, lamentó lo sucedido y aseguró que se “debe garantizar el derecho que tienen todos los ciudadanos a escoger en qué y cómo movilizarse, y no condenarlos a tener que hacerlo únicamente en determinado sistema, en virtud de la protección de un monopolio”.
Los representantes que procedieron a hundirlo fueron: el representante por el Valle del Cauca Milton Angulo (Centro Democrático), el representante por el Valle del Cauca Oswaldo Arcos (Cambio Radical), el representante por el Cesar Alfredo Ape (Conservador), el representante por el Tolima Aquileo Medina (Cambio Radical), el representante por Antioquia León Muñoz (Verde), la representante por Bogotá Maria Jose Pizarro (Decentes), el representante por Antioquia Esteban Quintero (Centro Democrático), la representante por Antioquia Mónica Raigoza (U), el representante por el Norte de Santander Ciro Rodríguez (Conservador), la representante por el Atlántico Karina Rojano (Cambio Radical), el representante por Boyacá Rodrigo Rojas (Liberal), la representante por Vaupés Mónica Valencia (U), la representante por Atlántico Martha Villalba (U).
Puntos polémicos
Más allá de las causas del hundimiento del proyecto, es claro que esta propuesta, de entrada, contenía puntos polémicos.
El principal era el que establecía la eliminación de los llamados cupos de los taxistas, que es el permiso que tienen para prestar el servicio de transporte público.
“Este proyecto de ley está acabando con los taxistas, por eso soy coherente y por eso pedí archivar este proyecto de ley. La coherencia mía tiene que ver precisamente con proteger a los taxistas”, aseguró el representante León Fredy Muñoz, quien desde un principio se opuso a la norma.
Los cupos, como es bien sabido, son la principal inversión que hacen los taxistas, que incluso es mayor a lo que pagan por el carro.
Por ello, según explicó Toro, el proyecto establecía que “las plataformas iban a poner el 3 por ciento de sus ventas para alimentar un fondo de compensación de cupos administrado por el Ministerio de Transporte que iban para los taxistas propietarios de cupo”.
Pero no estaba claro cuánto tiempo iban a tener que esperar los taxistas para que se les compensen esos cupos y si el dinero del fondo era suficiente para comprar los cerca de 234.000 cupos que, según el proyecto de ley, hay en el país.
D.A.
