La actuación de varios funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) será objeto de investigación penal y disciplinaria, luego de su participación en el operativo en el que fue interceptada una caravana de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Anorí, Antioquia, donde se movilizaba alias Calarcá junto a otros integrantes de las disidencias de las Farc. Así lo confirmó el director de la Policía Nacional, general William Rincón, tras las dudas surgidas por el manejo de computadores, celulares y memorias incautadas durante el procedimiento.
En entrevista con W Radio, el general Rincón señaló que la solicitud busca revisar la conducta de los agentes involucrados, especialmente en lo referente al manejo de la cadena de custodia de los equipos electrónicos. La diligencia ha sido objeto de controversia después de que el caso conocido como “Los archivos secretos de alias Calarcá” pusiera bajo escrutinio la actuación de la Dijín y de la Fiscalía ante posibles filtraciones de información sensible.
El alto oficial aseguró que los elementos incautados fueron recibidos bajo los protocolos establecidos. “Una vez recibidas las evidencias, es decir, un computador, los celulares y unas memorias, las mismas fueron recibidas con cadena de custodia”, afirmó Rincón, quien insistió en que este procedimiento garantiza reserva y trazabilidad.
Rincón también indicó que entre octubre de 2024 y junio de 2025 la Dijín entregó seis informes dirigidos exclusivamente a la fiscal especializada que ordenó la investigación, respondiendo así a los señalamientos de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, sobre presunto retraso atribuible a la policía judicial y a la Fiscalía de Medellín.
El director de la Policía subrayó que no se busca anticipar responsabilidades, pero sí revisar al detalle los procedimientos internos. “Acá tenemos que mirarlos al detalle”, afirmó, al insistir en la necesidad de una verificación minuciosa para determinar si existieron irregularidades.
El caso se desarrolla en medio de un ambiente de preocupación institucional. La Procuraduría General anunció la suspensión temporal del general Juan Miguel Huertas y de Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, como parte de una indagación por la presunta infiltración de la estructura de alias Calarcá en el Ejército y organismos de inteligencia del Estado. Según el procurador Gregorio Eljach, la medida busca evitar interferencias y proteger la integridad de la investigación.
Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de indagación para establecer si hubo omisiones o complicidades que facilitaran a los integrantes de la disidencia acceder a información estratégica, mientras se evalúan posibles responsabilidades dentro de la Dijín y en las entidades vinculadas al proceso.
