Por la no repetición del conflicto ni cualquiera de sus manifestaciones
La Jurisdicción Especial para la Paz expresa su preocupación por la situación de violencia y de violaciones a los derechos humanos ocurridos en los últimos días en varias ciudades del país, en particular en Bogotá, Cali, Medellín y Pasto. La protesta debe ser pacífica y la respuesta institucional a los esporádicos actos de violencia de parte de algunos manifestantes debe darse en el marco de la Constitución y del derecho internacional de los derechos humanos, plenamente aplicable en Colombia.
Las denuncias de diferentes entidades y organizaciones respecto al homicidio de decenas de ciudadanos, entre los que se cuentan quienes ejercían su legítimo derecho a la protesta; las informaciones sobre personas desaparecidas que la Defensoría del Pueblo reporta en un número de 88, en tanto otras organizaciones hablan de más de 170; los actos de violencia sexual también denunciados, muestran un cuadro intolerable de violaciones a los derechos humanos. A esto se suman hechos de violencia en las manifestaciones, que también inciden en el menoscabo de las libertades públicas de todas las personas. Es imperiosa la realización inmediata de las investigaciones necesarias para que los responsables de estos hechos contrarios a la ley sean debidamente juzgados.
El Estado colombiano y la fuerza pública tienen el deber de garantizar un contexto en el cual todas las personas puedan ejercer libremente sus derechos, incluido el derecho a protestar en contra de ese mismo Estado del cual hacen parte. Los ciudadanos, en cambio, deben poder movilizarse y formular reclamos, de manera pacífica y respetuosa del otro.
La justicia transicional se caracteriza, entre otras cosas, por pretender la no repetición de las violaciones ocurridas durante el conflicto armado colombiano, en cualquiera de sus manifestaciones. Por ello, la JEP hace un llamado para que, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional, se promueva una reforma profunda de las Fuerzas Armadas del Estado colombiano. A la sociedad la llama a tomarse en serio el proceso transicional que inició con la firma del Acuerdo Final para la Paz, y que debe llevar a sustituir, y a exigir que se sustituya, la violencia por otras formas de resolución de los conflictos
Para la JEP, los hechos de violencia y las violaciones a los derechos humanos son incompatibles con el Estado Social de Derecho y con el marco de obligaciones internacionales del Estado colombiano.
Esperamos que prime la vida y se garantice un mejor futuro para todas y todos.
D.A.
