El próximo miércoles 27 de septiembre se llevará a cabo una protesta convocada por el Gobierno nacional en apoyo a sus reformas sociales. Sin embargo, comunidades indígenas como el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) han llamado rápidamente a una minga para unirse a la manifestación en Bogotá en respaldo al presidente Gustavo Petro.
Un hecho que ha generado controversia es que ambas organizaciones tienen múltiples contratos con diversas entidades del Gobierno nacional, sumando un total de más de 118 mil millones de pesos en contratos.
El Cric lidera la lista con al menos 18 contratos con entidades gubernamentales desde que Gustavo Petro asumió la presidencia. El contrato más destacado es con el Ministerio de Educación Nacional, firmado el 31 de marzo de 2023 por más de 33 mil millones de pesos. Este contrato busca colaborar en el desarrollo de la política educativa indígena.
:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/semana/4TRORYL7BRFNJM5NALXQYAYEWM.png)
El Ministerio de Salud y Protección Social también ha otorgado un contrato millonario de 15 mil millones de pesos al Cric para la implementación de acciones en el marco del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI).
:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/semana/X4RAESVOL5EJLFO5FN3NCQPPAI.png)
El Ministerio de Ambiente también les concedió un contrato, con una paga de 4.900 millones de pesos, para “fortalecer y desarrollar acciones de conservación, restauración, mitigación y adaptación al cambio climático, educación y participación en los territorios indígenas adscritos al Cric”.
Los indígenas también suscribieron contratos con el Ministerio de Justicia, el Fondo Único de TIC, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio del Deporte.
Todos los contratos del Cric suman un poco más de 79 mil millones de pesos. Se caracterizan por el corto tiempo de labores y el carácter abstracto de las descripciones.
Onic también suscribe multimillonarios contratos
El abogado Daniel Briceño, candidato al Concejo de Bogotá por el Centro Democrático, reveló los contratos de la Organización Nacional Indígena (ONIC) con el gobierno del presidente Gustavo Petro. De acuerdo con el aspirante, la suma de los montos es de 39.247.000.000 pesos.
El primero es un contrato firmado el pasado 26 de junio, con fecha de terminación del 31 de diciembre de este año. Por 25 mil millones de pesos, los indígenas deben “fortalecer los saberes políticos, culturales y espirituales” en el Ministerio del Interior.
“Aunar esfuerzos entre el Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, y la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), con el fin de fortalecer los saberes políticos, culturales y espirituales de los pueblos y organizaciones indígenas que hacen parte de la Mesa Permanente de Concertación (MPC), por medio de actividades y procesos de fortalecimiento tanto para los delegados como para las diferentes organizaciones de base en pro de un adecuado proceso”, se lee en la descripción del contrato.
En otro contrato, nuevamente con el Ministerio del Interior, se les pagó 4.942.770.000 pesos para “garantizar el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada” en torno al Plan Nacional de Desarrollo. Las labores se cumplieron en un mes, lo que significa un pago diario de más de 160 millones de pesos.
A finales del año pasado, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) contrató a la Onic para recoger aportes de las comunidades indígenas “en asuntos relativos al ordenamiento, la planeación y la institucionalidad de los territorios”. El objetivo era presentar dicha información en la Mesa de Descentralización. Por 64 días de trabajo, la comunidad recibió 1.300 millones de pesos.
El Ministerio de Transporte contrató a la Onic para llevar a cabo “capacitaciones, apoyo técnico y acompañamiento en el marco de los compromisos adquiridos en la mesa permanente de concertación”. El contrato, suscrito por cinco meses con terminación en noviembre de este año, paga 2.300 millones a los indígenas.
El Ministerio de Justicia también contrató a la Onic para cooperar en torno al “fortalecimiento del componente de reglamentación interna de los centros de armonización, de conformidad con lo definido en la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena (COCOIN)”. Por esto, el Gobierno les paga 410 millones de pesos.
Otro contrato con el Ministerio de Justicia, por 3.398.900.000 pesos, se suscribió para fines de consulta previa.
Por otro lado, el Ministerio de Educación Nacional les paga otros 470 millones de pesos por 111 días de contrato para “aunar esfuerzos para la consolidación del estudio de caracterización poblacional y territorial de las cinco microrregiones de la Onic, (Amazonía, Centro Oriente, Norte, Orinoquía y Occidente), para fortalecer el proceso de creación de la Universidad Nacional Indígena de la Onic”.
Causa ruido que estas sean las mismas organizaciones indígenas que se movilizan a favor del Gobierno en todas las manifestaciones convocadas por sectores afines. Tanto la Onic como el Cric participarán de una minga que tiene como objetivo alimentar la asistencia de la manifestación del próximo 27 de septiembre.
