La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco expresó su preocupación frente a la problemática agraria en Colombia, especialmente en lo concerniente a la informalidad en la tenencia de la tierra y la inequitativa distribución de la propiedad.
Cabello Blanco se refirió a los altos niveles de informalidad de la propiedad que se registran en la mayoría de los municipios del país, cifra que llega al 52,7% y que se estima que podría ser mayor, debido a la exclusión de municipios sin formación catastral. De los 1.121 municipios analizados, 175 presentan niveles de informalidad entre el 75% y el 100 % y cerca del 74 % de los municipios tiene un catastro desactualizado, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Así mismo, la Procuradora también describió el grave problema en la actualización del sistema registral, ya que cerca de 85.500 libros del antiguo sistema, que corresponden a casi seis millones de registros no están restaurados ni sistematizados a la metodología actual, según la Superintendencia de Notariado y Registro; situaciones que atraen mercados ilegales, facilitan el despojo en los conflictos de orden social, desincentivan la inversión y obstaculizan el desarrollo económico.
En cuanto a la concentración de la propiedad de la tierra en manos de pocas personas, la jefe del Ministerio Público se refirió a que, a pesar de que la búsqueda de una solución a esta problemática fue la razón que fundamentaba la creación de programas de acceso a tierras como parte de la política de la denominada Reforma Rural Integral, no existe transparencia en los reportes de las cifras del cumplimiento de la meta la formalización de siete millones de hectáreas y tres millones para programas de acceso; ya que informes recientes indican que se han contabilizado títulos expedidos en años anteriores a la suscripción del Acuerdo de Paz, entre otras inconsistencias.
Frente a este panorama, la Procuradora insistió en las alertas emitidas por el ente de control a las iniciativas legislativas y reglamentarias propuestas en la Reforma Rural Integral, a través de la Jurisdicción Agraria y Rural, frente a la cual cuestionó el uso excesivo de principios que aumentan la discrecionalidad en decisiones de jueces y magistrados agrarios.
Otras de las observaciones planteadas por el Ministerio Público a la puesta en marca de la Jurisdicción agraria, fue la evidencia de contradicciones en la definición e identificación de las acciones y medios de control judicial para controvertir los actos administrativos emitidos por la Agencia Nacional de Tierras; así como la conveniencia de que las decisiones que pongan fin a los procesos agrarios especiales estén a cargo de los jueces bajo la nueva jurisdicción agraria y rural creada y no de la autoridad administrativa.
Finalmente, Margarita Cabello recalcó que el ente de control, a través de la delegada para Asuntos ambientales, Minero Energéticos y Agrarios continuará con el seguimiento preventivo, en representación de la sociedad y en defensa del bien común, buscando que las iniciativas promuevan la transformación del campo colombiano hacia un entorno más justo, por el bienestar de la población y un desarrollo sostenible y equitativo.
