La Procuraduría General de la Nación llegó hasta Ipiales, Nariño, en la frontera con Ecuador, para verificar la situación que viven a diario los migrantes, al menos 88.000 legales, de acuerdo con cifras de Migración Colombia y otros 150 mil irregulares, que según reportes de la Policía Nacional, ingresaron a Colombia en lo que va de 2023 por esta y otras poblaciones ubicadas a lo largo de los 393 kilómetros de frontera con ese país.
El procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, quien lidera la visita, verificó, como primer punto de su agenda, el paso fronterizo por el puente de Rumichaca para conocer las condiciones en que llegan allí los migrantes, verificar si reciben algún tipo de atención por parte del Estado y cuáles son sus necesidades más apremiantes.
En diálogo con las comunidades, las agencias de cooperación internacional y con las entidades presentes en Ipiales, el equipo pudo determinar que, entre las situaciones más graves que estos afrontan están las dificultades de acceso a servicios, pues el 73 % de las familias deben pernoctar en calle o parques públicos, el 75 % no tiene acceso suficiente al agua de consumo humano y solo el 2 2% pudieron acceder a uno de los siete alojamientos humanitarios instalados por la cooperación internacional y organizaciones no gubernamentales presentes en el municipio, que funcionan sin nigún apoyo del Gobierno nacional, departamental o local.
En reuniones posteriores con las autoridades locales, el delegado Sarmiento pudo establecer que existe un gran flujo de ciudadanos venezolanos que están retornando desde el sur del continente (Perú, Chile entre otros ) para regresar a su país, quedarse en Colombia o hacer tránsito hacia Estados Unidos. Sin embargo, se trata también de una migración continental y extracontinental al conocerse que personas y familias de origen haitiano, cubano, chino, vietnamita, africano, entre otros, ingresan al país cada semana con el fin de llegar hasta el Tapón del Darién, frontera con Panamá, o hasta San Andrés, para pasar por allí a Centroamérica en su recorrido hacia Estados Unidos, según reportes de la Policía.
Tan solo entre el 1 y 8 de octubre de 2023, el Grupo Interagencial para Flujos Migratorios Mixtos de Urabá informó que 754 ciudadanos de origen chino ingresaron a Necocli. El departamento de Nariño fue uno de los puntos de ingreso de estas personas y sin que lo advirtieran las autoridades.
De acuerdo con las autoridades locales, la mayoría de estos migrantes son abordados en el paso fronterizo colombiano por traficantes conocidos como Coyotes, que controlan el negocio ilegal y les cobran por conducirlos hasta Ipiales, seguir ruta por los municipios de Pasto, Chachagui, Taminango y luego de salir del departamento de Nariño continuar su tránsito por la región pacífica o llegar hasta el Uraba Antioqueño. Los demás permanecen en el municipio buscando el dinero para seguir y con el riesgo de ser explotados por las mafias allí existentes.
Entre las preocupaciones advertidas por el delegado Sarmiento a las autoridades locales estuvieron la falta de presencia de la fuerza Pública en los más de 30 pasos informales existentes solo en Ipiales y que al parecer son controlados por los grupos armados ilegales; también llamó la atención por la ausencia de albergues administrados y financiados por el Estado; la falta de estrategias preventivas por parte del ICBF para garantizar los derechos de los NNA migrantes no acompañados y separados y la falta de planes, programas y proyectos de las administraciones municipales y departamentales para contrarrestar y evitar los actos y expresiones de xenofobia por parte de la población de acogida.
Con la información obtenida, el equipo presentará un informe al despacho de la Procuradora General para evaluar las acciones preventivas y disciplinarias a que haya lugar para garantizar la respuesta de las entidades estatales y el respeto por los Derechos Humanos de la población migrante.
