El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, aceptó este miércoles su responsabilidad en el escándalo de corrupción que golpea a la entidad y se declaró culpable de los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación.
La decisión fue anunciada durante una audiencia judicial en la que el exfuncionario manifestó su intención de acogerse a una sentencia anticipada y colaborar con el esclarecimiento de los hechos investigados por la Fiscalía.
De acuerdo con el ente acusador, dentro de la UNGRD se habría estructurado un entramado de corrupción mediante el cual se desviaron millonarios recursos públicos para beneficiar a congresistas a cambio de apoyo a proyectos impulsados por el Gobierno Nacional.
Durante la diligencia, López aseguró que su aceptación de cargos no responde a una estrategia procesal para evadir responsabilidades.
“Mi decisión de aceptar responsabilidad no nació hoy. No es una decisión oportunista ni una maniobra para evitar mi responsabilidad frente a la justicia y frente al país”, afirmó el exdirector de la entidad.
Tras el allanamiento a cargos, el próximo martes se realizará una audiencia de legalización ante un juez, quien posteriormente deberá definir la condena que enfrentará el exfuncionario. La audiencia de sentencia anticipada fue programada para el mes de junio.
El caso de corrupción en la UNGRD también involucra a otros exfuncionarios y dirigentes políticos. Entre ellos aparece Sneyder Pinilla, quien ya fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión tras aceptar cargos relacionados con concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado.
Asimismo, la Fiscalía imputó cargos a Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, señalados de presuntamente haber ordenado la entrega de recursos a congresistas para garantizar respaldo político en el Congreso.
Dentro de la investigación también figuran los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, quienes son señalados de haber recibido cerca de 4 mil millones de pesos provenientes de la UNGRD.
Otro de los nombres salpicados es el de Sandra Ortiz, acusada de presuntamente entregar dinero en efectivo a congresistas. Actualmente permanece en libertad por vencimiento de términos mientras avanza el proceso judicial en su contra.
