En algunos casos, la rebaja sería incluso de más de la mitad de la pena que existe actualmente para estas conductas.
Mientras el Congreso ha venido avanzando en los últimos años en endurecer las penas para los delitos cometidos contra la integridad sexual de los menores y el feminicidio, el Partido Comunes, de los excombatientes de las Farc, acaba de radicar una reforma constitucional que terminaría por bajar drásticamente el castigo que se aplica a quienes incurran en estas faltas.
La modificación está contenida en el acto legislativo 08 de 2022, radicado en las últimas horas por el Partido Comunes, en el que se busca modificar la Constitución para poner un límite a la detención preventiva, con el fin de que miles de presos no pasen años a la espera de que se resuelva su situación.
“La detención preventiva intramural no podrá ser superior a un año, prorrogable hasta por otro tanto en las circunstancias que especifique la ley”, indica el proyecto.
Y a renglón seguido suelta la perla: “Ninguna persona podrá ser condenada a pena privativa intramural de la libertad superior a 20 años”.
Esto de entrada implicaría, en caso de aprobarse esta reforma, disminuir en más de la mitad las penas de graves delitos como la violación y asesinato de niños, el feminicidio y los ataques con ácido, entre otros.
Hoy en día quien cometa un feminicidio y sea vencido en juicio puede ser sometido a una pena de prisión de hasta 40 años si cumple alguna de las llamadas circunstancias de agravación punitiva, es decir, aquellas conductas que hacen más delicada la comisión del delito, según indica la Ley 1761 de 2015 (Ley Rosa Elvira Cely).
Para el caso de la violación y asesinato de menores, según establece el artículo 211A del Código Penal, las penas pueden llegar incluso a superar los 40 años de prisión, como ocurrió, por ejemplo, con Rafael Uribe Noguera, quien paga una pena de 58 años de cárcel por la violación y asesinato de la niña Yuliana Samboní.
Cabe aclarar que este tipo de delitos, como el abuso de menores y el feminicidio, según establece el Código Penal, hoy en día no tienen beneficios jurídicos, más allá de aquellos relacionados con la redención de la pena por trabajo y estudio y por colaboración con la justicia.
Pero la reforma planteada por los ex-Farc va aún más allá, pues “deroga el artículo 37″ del Código Penal, que es aquel que establece que “la pena de prisión para los tipos penales tendrá una duración máxima de 60 años”.
Es decir, disminuye el tiempo máximo de pena de 60 años que está actualmente a 20 años, como propone la reforma.
“Esta parece una modificación exprés de casi todo el Código Penal, pretenden rebaja de penas a delitos execrables y eliminar de tajo todos los esfuerzos que se han hecho en los últimos años por salvaguardar la integridad sexual y la vida de los niños y las mujeres”, apuntó el excongresista y abogado César Lorduy, coautor de la ley que declara imprescriptibles los delitos cometidos contra la integridad sexual de los menores.
Además, según explicó el exrepresentante, de llegar a aprobarse esta reforma, se aplicaría el principio de favorabilidad penal, lo que implicaría que condenados, como el propio Rafael Uribe Noguera, podrían acogerse a esta nueva normativa.
“En materia penal ocurre un fenómeno particular en virtud del principio de favorabilidad, y es que la ley penal puede aplicar tanto de manera retroactiva, para regular situaciones ocurridas antes de su vigencia, como de manera ultractiva, para regular situaciones después de su derogatoria, esto sucede para garantizar al procesado, o al condenado, la aplicación de la ley penal más favorable”, explicó César Lorduy.
El proyecto tampoco cayó bien en el Centro Democrático. El representante José Jaime Uscátegui le dijo a esta revista que “proponer que las penas máximas de cárcel sean de 20 años no se compadece con los tratados internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario que exige que haya proporcionalidad entre los delitos y las penas a cumplir”.
Uscátegui agregó que los congresistas de Comunes “deberían declararse impedidos a la hora de discurtir este proyecto”, pues “parece que están legislando en causa propia”.
El argumento de los ex-Farc
Frente a esta polémica propuesta, los congresistas del Partido Comunes argumentan que “aumentar las penas y propender por acudir a la acción penal no ha generado que los índices de criminalidad disminuyan, sino que por el contrario ha generado hacinamiento carcelario”.
Así mismo, señalan que se debe avanzar hacia un derecho penal humanista, que “no solo tenga como finalidad prevenir el delito, sino que también procure la protección de los derechos humanos de quien lo cometió”.
Por tratarse de una reforma constitucional, esta iniciativa deberá superar ocho debates en el Congreso para convertirse en ley.
