El presidente Gustavo Petro lanzó una dura advertencia al sector de la construcción al pedir que no se entreguen subsidios estatales a las constructoras que incrementen los precios de la vivienda atándolos al aumento del salario mínimo, una práctica que calificó como una “estafa delictiva” contra los compradores.
Según el mandatario, no existe justificación técnica para trasladar de manera automática el incremento salarial al valor final de las viviendas, pues el costo laboral representa solo una fracción del total de la construcción y, además, varios insumos importados han reducido su precio en los últimos meses.
“Indexar el valor de la vivienda al salario mínimo es engañar a la gente”, afirmó Petro, al tiempo que ordenó a las autoridades investigar y sancionar a las empresas que apliquen ese mecanismo.
En ese contexto, solicitó al Ministerio de Vivienda abstenerse de girar recursos públicos a las constructoras que, según su criterio, estén perjudicando a los ciudadanos mediante cobros injustificados.
Camacol responde y acusa al Gobierno de intimidación
Las declaraciones del Presidente generaron un inmediato rechazo de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), que cuestionó el tono utilizado por el jefe de Estado y advirtió que el debate se está dando desde la confrontación y no desde el análisis técnico.
“El mensaje presidencial parte de la descalificación y la amenaza, no del diálogo responsable”, señaló el gremio, que recordó que los topes de la vivienda de interés social (VIS) están definidos en el Plan Nacional de Desarrollo, aprobado por el mismo Gobierno, y que su indexación al salario mínimo corresponde a límites máximos, no a aumentos automáticos.
Camacol aseguró que no ha ordenado incrementos en los precios de la vivienda y alertó que el aumento del salario mínimo, sumado a la eliminación del programa Mi Casa Ya, ha profundizado la crisis del sector.
Impacto en compradores y mercado
De acuerdo con el gremio, en 2025 más de 24.000 familias desistieron de adquirir vivienda, lo que ha afectado la dinámica del mercado inmobiliario y el empleo en la construcción.
Mientras el Gobierno insiste en frenar lo que considera abusos contra los compradores, el sector constructor advierte que la incertidumbre en la política de vivienda podría reducir aún más el acceso a casa propia y poner en riesgo miles de proyectos en el país.
