La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra los entonces jefe de Contratación de la Alcaldía de Puerto López (Meta), Rodrigo Andrés Torrez Guzmán y la secretaria de Desarrollo Social y Competitividad, Indira Neibrith Guzmán Medina (2023), por presuntas irregularidades en el contrato para la adquisición de sistemas de purificación de agua como una estrategia de salubridad para las instituciones educativas.
A Guzmán Medina se le cuestionó por posiblemente desatender obligaciones legales al definir las condiciones de la futura contratación directa por $ 5.084’690.250, con lo cual pudo generar detrimento patrimonial en afectación a los intereses del municipio.
Asimismo, se le reprochó la supuesta omisión de informar al ordenador de gasto, los hechos que daban cuenta de la inoperancia de los filtros adquiridos, soportada en los informes de laboratorio emitidos en agosto de 2023 por la Secretaría de Salud de la Gobernación del Meta, que señalaban que el agua no era apta para el consumo humano.
En cuanto a Torrez Guzmán, el ente de control investiga si incumplió su obligación de asesorar, apoyar, orientar, conceptuar y revisar, entre otras, los documentos y requisitos estructurados en etapa de planeación y precontractual por parte de la secretaria de Desarrollo Social y Competitividad, lo que permitió la celebración del contrato de suministro de manera directa, en detrimento del principio de selección objetiva.
Para el ente de control, las supuestas actuaciones de los exfuncionarios pudieron afectar los intereses económicos de la administración municipal y la función pública, toda vez que se hizo necesario restringir el uso de los filtros adquiridos.
Provisionalmente la Procuraduría calificó las faltas de los exfuncionarios como gravísimas a título de culpa gravísima, por desatención de reglas de obligatorio cumplimiento.
