La Procuraduría General de la Nación anunció la descongestión de más de 11 mil casos represados en la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, una situación que afectaba gravemente a miles de ciudadanos en condición de discapacidad que esperaban el trámite de su pensión por invalidez.
Según cifras del Ministerio del Trabajo, en menos de siete meses y gracias a la gestión del Ministerio Público, se logró destrabar este cuello de botella mediante mesas técnicas, requerimientos formales y seguimiento constante. Esto permitió el nombramiento y posesión de los integrantes de cuatro salas de descongestión, con lo cual se podrá avanzar significativamente en la atención de estos procesos.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, encargada del seguimiento a esta problemática, calificó como inadmisible que muchas personas llevaran hasta cinco años esperando una respuesta sobre su calificación de invalidez, vulnerando sus derechos a la salud, la vida y la seguridad social.
El ente de control advirtió que continuará ejerciendo vigilancia estricta sobre la Junta Nacional y las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez, para asegurar la eficiencia y celeridad en los trámites, especialmente en favor de las poblaciones más vulnerables.
Además, se anunció que se mantendrán activas las mesas de seguimiento con el fin de garantizar una descongestión real y permanente del sistema.
