La Procuraduría General de la Nación lideró la mesa por el trabajo digno y decente en el sector público logrando los primeros acuerdos en términos de la Organización Internacional del Trabajo – OIT.
Este espacio de diálogo contó con la participación de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC; el Ministerio de Trabajo; la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP; el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP; el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Relaciones Exteriores; la Agencia Nacional de Defensa jurídica del Estado – ANDJE; y el Observatorio de Derecho Laboral de la Universidad del Rosario en calidad de observador.
En este escenario, presidido por el viceprocurador general, Silvano Gómez Strauch, se puso de manifiesto, según información del DAFP con corte a 31 de agosto de 2022, que el Estado cuenta con 554.373 contratos y 411.028 contratistas. Así mismo, se evidenció que aún persiste un porcentaje alto de la provisionalidad que corresponde al 32% a nivel nacional y territorial.
Como resultado del trabajo conjunto de las organizaciones participantes se plantearon los primeros resultados:
La CNSC se comprometió a presentar en la siguiente sesión, un estudio con los costos y la programación de las convocatorias para los años 2023-2024, que le permita administrar directamente los recursos y acelerar el trámite de las convocatorias.
El Ministerio de Hacienda garantizará recursos para las convocatorias de la Rama ejecutiva del orden Nacional, una vez la CNSC, presente la planeación 2023-2024, y se someta a estudio de esta cartera.
La ESAP consolidará toda la información de las convocatorias de procesos de selección con enfoque diferencial de 1 a 4 categoría y de los municipios de 5 y 6, de esta forma CNSC, pueda expedir listas de elegibles a más tardar en el mes de enero del año 2023.
El DAFP analizará la pertinencia de presentar ante el Gobierno Nacional, una reglamentación sobre el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; y revisar y actualizar el curso de empleo público para efectuar un relanzamiento para jueces y magistrados.
El ANDJE presentará un plan de trabajo para atacar bajo la órbita de la función preventiva y judicial temas de alta litigiosidad relacionada con contrato realidad con las entidades de la rama ejecutiva del nivel nacional.
Por su parte, la cancillería, anunció que propenderá porque haya más servidores de carrera diplomática y consular en cargos de embajador, en los términos que establece la ley.
El Consejo Superior de la Judicatura asumió el compromiso de expedir una circular dirigida a Jueces y Magistrados, focalizando en la jurisdicción penal y civil con el fin de que tomen el curso de empleo público montando en la plataforma del DAFP.
El Ministerio Público seguirá adelantando una vigilancia preventiva para que el mérito sea la regla para llegar a cargos del Estado del orden nacional y territorial; de igual forma en lo relacionado con el cumplimiento de la Sentencia C-614 de 2009, que ordena a la Procuraduría a hacer cumplir el deber legal: “para el ejercicio de funciones de carácter permanente en entidades se deben crear los empleos respectivos”; y de la Directiva PGN 01 de 2021 acerca del uso adecuado del contrato de prestación de servicios.
