En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión, convertidos en el salario devengado por tres meses, $28.502.859 millones, al exalcalde de Zipaquirá, Cundinamarca, Luis Alfonso Rodríguez Valbuena (2016-2019), por extralimitarse en el uso de sus funciones.
La entidad también sancionó suspensión, convertidos en el salario devengados por dos meses, $11.520.854 millones, al exsecretario de planeación, Carlos Alfonso Castillo Garzón (2016-2017), por irregularidades en materia del ordenamiento territorial del municipio.
El Ministerio Público verificó que Rodríguez Valbuena expidió de manera inadecuada el decreto 120 de 2016 a través del cual, fue ajustado y modificado el Decreto 180 de 2006, que adoptó el Plan Parcial del suelo de expansión Algarra en dicho municipio, adicionando de forma incompleta y dando un alcance diferente a los artículos del POT del municipio, sin el respectivo análisis y tampoco se tomó en cuenta lo establecido en la ley 388 de 1997 y otras normas correspondientes.
A su vez, el organismo de control corroboró que Castillo Garzón expidió la circular 01 del 12 de diciembre de 2016, con una finalidad distinta a las previstas en la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1077 de 2015, en la que excepcionalmente se modificaba el ordenamiento territorial, con cambios específicos en las alturas de las edificaciones, el número de cupo de estacionamientos en las áreas residenciales de las viviendas de interés social y también las áreas y lados mínimos de patio para de inmuebles de carácter residencial, residencial VIS, comercial y servicios.
Por tanto, el ente de control constató que los exfuncionarios vulneraron los principios de legalidad y moralidad pública en la función administrativa.
Finalmente, la Procuraduría delegada disciplinaria de juzgamiento 2 calificó la falta de los servidores públicos como grave, a título de culpa grave.
