Pasan los días y son más las preguntas que las respuestas en el caso que tiene en el ojo del huracán al gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de que el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, revelara que como parte de las investigaciones que realizan por la pérdida de un dinero en la residencia de Laura Sarabia, se había establecido que las líneas telefónicas de dos extrabajadoras de la funcionaria fueron interceptadas de manera ilegal.
Según lo dio a conocer el ente acusador, los miembros integrantes de la Dijín de la Policía Nacional elaboraron un informe que indicaba la necesidad de intervenir los teléfonos de la exniñera del hijo de la jefe de Gabinete con el supuesto de que sería la cocinera de alias ‘Siopas’, cabecilla de la subestructura Jairo de Jesús Durango; y el de la persona que ayudaba en las labores domésticas porque estaría vinculada al componente logístico de alias Omar, segundo cabecilla del grupo armado.
Detalló el jefe del ente acusador que con el documento, los uniformados indujeron en error a un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con sede en Chocó, que obtuvo ante un juez de control de garantías autorización para interceptar las comunicaciones de las dos mujeres que no tenían nada que ver con lo que estaba plasmado en el informe de policía judicial.
Entre los elementos que son pieza clave de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación, se encuentra el teléfono celular de Marelbys Meza, mismo del que el ente acusador extraerá toda la información almacenada que pueda dar pistas en el polémico caso.
Es preciso mencionar que tras las afirmaciones de Barbosa Delgado, se presentó un choque de versiones, puesto que el presidente de la República, Gustavo Petro fue enfático en señalar que desde su administración no hacen ese tipo de interceptaciones.
“Aquí no puede quedar ni mancha ni duda siquiera de que este Gobierno va a repetir las suciedades quee otros gobiernos hicieron, aquí no venimos a eso”, precisó.
En esa línea, señaló que a nadie de su gobierno se les ha ordenado una sola interceptación telefónica, enfatizando que “ni se les ha dado esa orden ni se les dará, porque el respeto a los Derechos Humanos están consagrados en la Constitución, en nuestros tratados, en las leyes: se respetan”, enfatizó.
