El nuevo superintendente de Salud, Ulahy Beltrán López, confirmó la liquidación de la EPS Comfamiliar Huila, la primera que se hace en el Gobierno de Gustavo Petro.
Según dijo el funcionario, esta decisión se tomó para garantizar el derecho a los servicios de salud oportunos y de calidad que tienen 541 mil ciudadanos de Huila y Boyacá.
El superintendente reveló que la investigación tomó varios años. “Durante los últimos 3 años ha estado bajo la lupa de este ente de vigilancia y control; y pese a la orden de esta agencia no se ha evidencia alguna acción contundente que permitiera garantizar una atención integral poniendo en riesgo la vida de los afiliados a esta entidad”, dijo.
Las quejas que tenía la EPS superaban las 41.000 en los últimos años de la entidad, “quejas relacionadas con demoras en la atención, demoras par acceder a atención de consulta de medicina especializada e igualmente para acceder a procedimientos tanto de tipo diagnostico como de tipo terapéutico, además de una falta evidencia del suministro de medicamentos”, dijo Beltrán.
Además, señala el organismo regulador, que también se presentaban inconvenientes para los pacientes que necesitaban tratar enfermedades de alto costo como lo es el cáncer, el VIH, entre otras.
A parte de eso, contaba con afectación monetaria, según reveló el superintendente. “Es una decisión que se toma luego de evidenciarse la crítica situación de esta caja, de tal modo, que el componente financiero demuestra la inviabilidad de su funcionamiento e igualmente no permite garantizar una prestación de servicio digna a los afiliados de la entidad que suman cerca de 541.000”, sostuvo.
Por otro lado, el documento emitido por la Superintendencia de Salud reveló que entre enero y mayo los afiliados elevaron 749 acciones de tutela y la cartera de la EPS era de $390.000 millones.
