En el marco de la capacitación “Enfoque preventivo en contratación estatal y regalías: transparencia, control y protección del patrimonio público”, realizada por el Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP), el Procurador General de la Nación enfatizó en la necesidad de priorizar la prevención sobre el castigo, destacando que la lucha contra este flagelo en el país no debe limitarse a sancionar, sino a evitar que se produzcan las irregularidades.
En su intervención, Gregorio Eljach destacó que “no es sensato que los organismos de control se distingan sólo por el número de funcionarios sancionados; es fundamental transformar la cultura institucional y capacitar a tiempo para evitar irregularidades”.
En las palabras de apertura de este evento académico, subrayó que la clave para garantizar la transparencia y la protección del patrimonio público radica en llegar antes de que el problema surja, con soluciones efectivas que actúen como una “vacuna” contra la falta disciplinaria. “El castigo es actuar a destiempo y, en muchos casos, no es eficaz”, agregó.
El jefe del Ministerio Público hizo un llamado a fortalecer la prevención y la vigilancia oportuna como pilares esenciales en la lucha contra la corrupción. Además, resaltó la importancia del diálogo abierto y plural para construir consensos y encontrar soluciones conjuntas, en lugar de imponer medidas de manera unilateral.
Presencia en las regiones y fortalecimiento institucional
El Procurador destacó la necesidad de una institución presente en las regiones donde el Estado está más ausente, asegurando que la vigilancia y el seguimiento se convierta en una herramienta real de protección. “La lucha contra la corrupción y la defensa del interés general no pueden limitarse a reaccionar ante los delitos; es fundamental garantizar una supervisión efectiva en todo el territorio nacional“, afirmó.
Eljach reafirmó el compromiso de la Procuraduría con la ética, la responsabilidad social y la autonomía institucional, asegurando que su independencia es clave para su correcto funcionamiento. También hizo una advertencia clara: “la lucha contra la corrupción es un asunto que nos compete a todos, tanto servidores públicos como ciudadanos, y quienes se aparten de los mandatos constitucionales enfrentarán una respuesta implacable”.
Exaltó la labor de la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales en la vigilancia y protección de los derechos ciudadanos; “juntos formamos una red para supervisar la gestión y fortalecer la participación ciudadana”.
Finalmente, fue enfático en señalar que la sociedad civil exige vigilancia y control en cada rincón del país, no sólo como una simple formalidad, sino con un ejercicio real y efectivo de protección de los recursos públicos y de los derechos de los colombianos.
