La Superintendencia Financiera de Colombia anunció la apertura de una investigación relacionada con el traslado de recursos desde fondos privados de pensiones hacia Colpensiones, en medio de la controversia jurídica generada tras la suspensión del decreto expedido por el Gobierno nacional.
La decisión se produce luego de los recientes pronunciamientos del Consejo de Estado, que dejó sin efectos provisionales el decreto 415 de 2026, mediante el cual se habilitaba el traslado de importantes recursos administrados por las AFP al régimen público.
Investigación sobre traslados pensionales
Según informó la Superfinanciera, las investigaciones buscan establecer lo ocurrido con los recursos correspondientes a afiliados que ejercieron la denominada “oportunidad de traslado” desde fondos privados hacia Colpensiones y que ya consolidaron su derecho pensional.
La entidad indicó que el monto involucrado asciende actualmente a 8,7 billones de pesos y corresponde a 32.803 afiliados. De ese total, más de 24.000 personas ya estarían recibiendo su mesada pensional a través de Colpensiones.
Suspensión del decreto
La controversia surgió luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente la totalidad del decreto 415, expedido el pasado 23 de abril por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Dicha normativa abría la posibilidad de trasladar cerca de 25 billones de pesos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones.
El alto tribunal consideró que la medida podría entrar en contradicción con lo establecido en la Ley 2381 de 2024, que permitió a los ciudadanos cambiar de régimen pensional, pero manteniendo los recursos en los fondos privados hasta consolidar efectivamente el derecho a la pensión.
Debate jurídico y político
La decisión ha generado un nuevo debate sobre el manejo del sistema pensional y el alcance de las facultades del Gobierno en materia de traslados de recursos entre regímenes.
El caso se originó tras una acción judicial presentada por Jesús Hernando Baena Álvarez, quien cuestionó la legalidad del decreto y solicitó medidas cautelares ante el Consejo de Estado.
Mientras avanzan las investigaciones y el análisis jurídico del decreto, el tema continúa generando tensión entre el Gobierno, los fondos privados y distintos sectores económicos y políticos del país.
