Por fallas en UCI y servicios de hospitalización
Superintendencia da 72 horas a esta IPS de Barranquilla para que garantice el
personal médico, insumos y medicamentos para los servicios de UCI y
hospitalización.
Tras evidenciar situaciones que ponen en riesgo la vida y la integridad física de los pacientes, la Superintendencia Nacional de Salud impuso en las últimas horas una medida cautelar contra la ESE Universitaria del Atlántico (UNA), la cual deberá cumplir en un término máximo de 72 horas.
Con la imposición de esta medida de cesación provisional de acciones que vulneran
el derecho a la salud, la institución asistencial deberá garantizar la suficiencia del
talento humano requerido en la Unidad de Cuidado Intensivo Adultos, en todos los
turnos, según los perfiles mínimos necesarios para la adecuada atención de los
pacientes.
Según la auditoría realizada esta semana por la Supersalud, se evidenció, entre
otras situaciones, que la UCI adultos no contaba con intensivista ni médico general
las 24 horas. Adicionalmente, documentó fallas en la gestión de insumos,
dispositivos y medicamentos en áreas críticas.
Por ello, la IPS UNA deberá garantizar dentro del mismo plazo, de 72 horas, la
gestión oportuna de los medicamentos, dispositivos e insumos mínimos e
indispensables para la prestación de los servicios de salud.
La auditoría realizada esta semana por la Superintendencia (6 a 10 de febrero) tuvo
como objeto verificar el cumplimiento de las responsabilidades de este prestador
relacionadas con financiamiento, organización administrativa y atención al usuario
desde 2021 a enero de este año.
“Con fundamento en las situaciones fácticas relacionadas… se ordenará como
medida cautelar a la Empresa Social del Estado Universitaria del Atlántico, de
Barranquilla, la cesación inmediata de las acciones que ha venido desplegando la
institución que pone en riesgo la vida o la salud de los usuarios durante el proceso
de atención”, señala uno de los considerados de la resolución 2023410020000901-
6 del 10 de febrero de 2023.
Para verificar el cumplimiento de la medida cautelar, el representante legal de la
IPS, Javier Ignacio Cormane Fandiño, deberá remitir a la Superintendencia dentro
de los tres días hábiles un informe detallado sobre el trámite y resultado de lo
ordenado, remitiendo los resultados documentados.
Esta decisión se remite a la Superintendencia Delegada para Investigaciones
Administrativas a fin de dar inicio al proceso sancionatorio correspondiente.
Cabe recordar que, en diciembre de 2022, la Superintendencia Nacional de Salud
ordenó una medida cautelar sobre la IPS MiRed, de Barranquilla, que de forma
inmediata dejara de dilatar o negar la prestación de los servicios de salud que
requería con urgencia un paciente de 53 años que se encontraba en riesgo de vida.
