Después de más de dos años de silenciosa pero intensa indagación, los magistrados investigadores del Consejo Nacional Electoral (CNE), Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, han concluido lo que durante meses fue objeto de especulación: la campaña presidencial de Gustavo Petro sí habría violado los topes legales de financiación y habría recibido aportes considerados irregulares.
La ponencia, que será radicada en las próximas horas, propone sanciones administrativas no solo para Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña Petro Presidente, sino también para varios directivos de la estructura electoral y los partidos que respaldaron la candidatura del hoy presidente: Colombia Humana y la Unión Patriótica.
Los investigadores determinaron que los gastos superaron los topes permitidos por más de 3.500 millones de pesos, considerando los reportes de la primera y segunda vuelta. El informe, de cerca de 600 páginas, se convierte en un punto de quiebre en la historia electoral reciente del país: es la primera vez que una investigación contra una campaña presidencial en ejercicio alcanza una etapa tan avanzada.
Un escenario sin precedentes
La radicación de la ponencia abre un escenario complejo en el interior del tribunal electoral. De los nueve magistrados del CNE, cuatro están alineados con el oficialismo —incluyendo a tres representantes directos del Pacto Histórico— mientras que cinco, entre ellos los autores de la ponencia, representan sectores independientes o de oposición.
Sin embargo, la ecuación no es tan simple. Alba Velásquez, magistrada cercana al petrismo, fue recusada por haber actuado como testigo electoral durante las jornadas de votación, lo que la inhabilita para participar en la votación del proyecto. Esto obliga, por norma, a convocar conjueces para alcanzar los seis votos requeridos para tomar una decisión definitiva.
La sala plena del CNE tendrá ahora la responsabilidad de pronunciarse frente a un caso que no solo compromete a la actual administración, sino que podría sentar un precedente institucional sobre la transparencia y el control al financiamiento de campañas políticas en Colombia.
Lo que está en juego
La ponencia no implica consecuencias penales —el CNE solo tiene competencia administrativa—, pero sus implicaciones políticas son profundas. Una sanción confirmada al presidente de Ecopetrol y a los partidos aliados del gobierno afectaría directamente la legitimidad de la narrativa de cambio impulsada desde la Casa de Nariño.
Además, podría reavivar tensiones con la oposición y abrir nuevas controversias sobre la independencia de los entes de control frente al poder Ejecutivo.
Por ahora, lo único claro es que el reloj institucional corre. A pocos meses de que se venza el plazo legal para decidir sobre el caso, el país entra en una etapa decisiva que pondrá a prueba al CNE y a la solidez de su autonomía frente a un caso que ha puesto al máximo tribunal electoral en el centro de la atención pública.
