Colombia

Con Ley de Inversión Social, Gobierno nacional establece beneficios económicos para el sector transporte

La Ley 2155 de 2021 de inversión social que fue sancionada por el presidente Iván Duque, señala en su artículo 28 que el Gobierno nacional podrá financiar hasta el 50% de los recursos por el déficit de operación de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM).


Los Entes Gestores de los siete SITM deberán certificar el valor del déficit que han tenido a causa de la emergencia sanitaria por el Covid-19 desde 12 de marzo de 2020, fecha en la que se decretó la medida y durante el período que dure la misma.


Además, con esta ley se contemplan alivios económicos a los colombianos, entre los que se incluye descuentos hasta el 50% del valor adeudado por concepto de multas de tránsito que se hayan hecho efectivas antes del 30 de junio de 2021. Así como una modificación al mecanismo de obras por impuestos para el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte.

El Gobierno nacional sancionó la Ley de Inversión Social en la que se encuentra alivios financieros para ciudadanos, modificaciones en el mecanismo de obras por impuesto y la cofinanciación de hasta un 50% del déficit de operación o de implementación de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo del país.

El Ministerio de Transporte en un esfuerzo y compromiso con la sostenibilidad financiera de los SITM, está trabajando en reglamentar la metodología para el cálculo del déficit de los sistemas, el cual permitirá que los Entes Gestores certifiquen el impacto generado por las medidas decretadas durante la Emergencia Sanitaria.

“Desde el sector transporte nos satisface saber que la propuesta que presentamos en la Ley de Inversión Social de apoyo a los Sistemas de Transporte Masivo, haya quedado en el texto conciliatorio. Estos sistemas han sido herramientas fundamentales durante toda la pandemia en Colombia, en ellos se movilizaron médicos, enfermeros y demás personal de la salud, quienes en medio de los altos números de contagio trabajaron y nos cuidaron”, señaló la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco.

De igual forma la ley indica que los colombianos que deban multas de tránsito que se hayan hecho efectivas antes del 30 de junio de 2021 podrán acceder a las siguientes opciones especiales para cancelarlas: i) pagar el 50% del valor total sin intereses entre los cuatro y 8 meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley; o ii) pagar el 80% del capital de la deuda sin intereses de mora para quienes se pongan al día entre los ocho y doce meses a la entrada en vigencia de la ley.

La ministra Ángela Orozco frente a los alivios en materia de multas de tránsito aclaró que, “es importante tener en cuenta que en esta ley se establece que estas condiciones especiales de pago no se aplicarán para las multas que hayan sido impuestas a ciudadanos por manejar en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas”.

Para el caso de las motocicletas, las opciones de pago serán las siguientes: dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley cancelarán solo el 20% del capital sin intereses; si lo hacen entre los seis y ocho meses pagan el 40% de la multa sin intereses moratorios; entre los ocho y doce meses abonarán el 60% del total estipulado según el tipo de infracción.

Proyectos de infraestructura

En esta Ley de Inversión Social también se incluyó que los proyectos que sean declarados de importancia nacional y que resulten estratégicos para la reactivación económica con aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrán ser objeto del mecanismo de obras por impuestos. Este instrumento permite que las personas sujetas al impuesto de renta con ingresos iguales o superiores a 33.610 UVT, podrán hacer el pago de hasta el 50% de dicho tributo a cambio de la ejecución de proyectos de inversión.

Otros beneficios para el sector transporte

De igual manera, se impulsa la reactivación económica al permitir el incentivo para la creación de nuevos empleos para jóvenes entre los 18 y 28 años, que consiste en aportes estatales equivalentes al 25% del salario mínimo. Además, para trabajadores mayores que devenguen hasta tres salarios mínimos se tendrá un incentivo al empleador equivalente al 10% del salario mínimo por cada uno de los colaboradores que cumplan esta característica, lo cual impacta de forma directa y positiva en los procesos de contratación pública.

Así las cosas, la nueva Ley de Inversión Social permitirá obtener recursos importantes para inversión en obras de infraestructura de transporte, pensando en el beneficio de las comunidades y en la reactivación económica del país.

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