El Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad presentada por la senadora María Clara Posada y decretó la suspensión provisional de apartes de los artículos 4 y 5 del Decreto 802 de 2026, una decisión que limita, por ahora, la facultad del Gobierno Nacional para realizar determinados traslados presupuestales sin la autorización previa del Congreso de la República.
La decisión fue adoptada en el marco del estudio inicial de la demanda y tendrá efectos mientras el alto tribunal resuelve de fondo la legalidad del decreto expedido por el Ejecutivo.
Según la acción judicial, los apartes suspendidos permitían al Gobierno efectuar modificaciones al presupuesto mediante traslados de recursos sin contar con la aprobación del Legislativo, situación que, a juicio de la demandante, podría vulnerar las competencias constitucionales del Congreso en materia presupuestal.
Con la medida cautelar, el Consejo de Estado consideró procedente detener temporalmente la aplicación de esas disposiciones mientras analiza los argumentos jurídicos expuestos en la demanda y determina si el decreto se ajusta o no al ordenamiento constitucional y legal.
La senadora María Clara Posada destacó la decisión del alto tribunal al considerar que representa una garantía para la protección de las funciones de control y aprobación presupuestal que la Constitución le asigna al Congreso.
Entretanto, el proceso continuará su trámite en el Consejo de Estado, que en los próximos meses evaluará el fondo del caso para decidir si mantiene o anula de manera definitiva los apartes cuestionados del Decreto 802 de 2026.
