La Contraloría General de la República reveló los resultados de la auditoría financiera practicada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) correspondiente a la vigencia 2025, en la que identificó presuntos hallazgos fiscales por $176.795 millones, además de posibles faltas disciplinarias y una presunta conducta de carácter penal.
El organismo de control informó que, durante la auditoría adelantada por la Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, se establecieron 10 hallazgos con incidencia fiscal, 12 con presunta incidencia disciplinaria y uno con presunta incidencia penal, relacionados con el manejo de los recursos del fondo que administra las prestaciones sociales de los docentes del país.
Uno de los principales hallazgos corresponde al pago de $133.255 millones por servicios médico-asistenciales represados e intereses a las uniones temporales Medisalud y Redvital, recursos que, según la Contraloría, debían ser asumidos por los operadores salientes y entrantes de acuerdo con las obligaciones contractuales, lo que habría ocasionado un detrimento al patrimonio público.
La auditoría también evidenció presuntas irregularidades en el pago de la prima de mitad de año a docentes pensionados. Tras analizar una muestra de 1.105 desembolsos, el ente de control concluyó que se realizaron pagos por $27.982 millones sin el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales o en contravía de decisiones judiciales que previamente habían negado ese beneficio.
Otro de los hallazgos de mayor impacto está relacionado con la utilización de recursos del Fomag para cubrir $5.479 millones en sanciones moratorias previstas en la Ley 50 de 1990. La Contraloría advirtió que dichos recursos tienen destinación específica y no podían emplearse para ese fin.
El informe también señala que los retrasos en el reconocimiento y pago de cesantías, pensiones y otras obligaciones generaron desembolsos adicionales por $2.531 millones en sanciones moratorias y $6.738 millones en intereses por incumplimiento de los plazos establecidos en la normativa vigente.
Durante la revisión, el organismo de control detectó además pagos de mesadas pensionales realizados después del fallecimiento de algunos docentes y beneficiarios, por un valor superior a $419 millones, así como pagos en exceso por pensiones de invalidez y sanciones por mora que superan los $369 millones.
Adicionalmente, la Contraloría decidió no fenecer la cuenta del Fomag para la vigencia 2025, al advertir una subestimación del pasivo cercana a $598.363 millones, atribuida a una inadecuada reclasificación contable de obligaciones relacionadas con sanciones por mora.
Finalmente, el ente de control reiteró que estas situaciones han sido advertidas en auditorías anteriores y señaló una presunta corresponsabilidad entre Fiduprevisora, como administradora y vocera del Fomag, y las entidades territoriales. En ese sentido, hizo un llamado a fortalecer los mecanismos de control, mejorar la administración de los recursos públicos y adoptar medidas que eviten nuevas afectaciones al patrimonio del Estado.
