La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre el Proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 al advertir que presenta una desfinanciación de 30,2 billones de pesos, situación que, de no corregirse durante su trámite en el Congreso, podría afectar la sostenibilidad fiscal del país, reducir la inversión pública y comprometer el desarrollo de proyectos en cientos de municipios.
El organismo de control explicó que el presupuesto presentado asciende a 575,7 billones de pesos, mientras que los ingresos proyectados alcanzan únicamente 545,5 billones, lo que genera una brecha financiera que, según la entidad, obliga a revisar el gasto o garantizar nuevas fuentes de financiación antes de su aprobación definitiva.
En su análisis, la Contraloría advirtió que uno de los principales factores que presiona las finanzas públicas es el incremento en el pago del servicio de la deuda, rubro que tendría un crecimiento del 17,5 % frente al presupuesto de 2026.
De acuerdo con las proyecciones, el servicio de la deuda pasaría de 100,4 billones de pesos a 118 billones, absorbiendo una parte importante de los recursos del Estado y reduciendo el margen para financiar programas de inversión y funcionamiento.
Mientras tanto, el presupuesto destinado al funcionamiento de las entidades públicas y a la inversión tendría incrementos de apenas 0,5 %, panorama que, según el ente de control, limita la capacidad del Gobierno para impulsar obras de infraestructura, programas sociales y proyectos estratégicos para el desarrollo nacional.
La Contraloría también alertó sobre una reducción del 3,4 % en los ingresos corrientes de la Nación, situación que incrementaría la dependencia de otras fuentes de recursos y aumentaría las presiones sobre el equilibrio de las finanzas públicas.
Educación y Salud concentrarían la mayor parte del presupuesto
Pese al panorama fiscal, los sectores de Educación y Salud continuarían recibiendo las mayores asignaciones presupuestales para 2027.
El proyecto contempla recursos por 79,03 billones de pesos para el Ministerio de Educación, seguido por 77,20 billones para el Ministerio de Salud y Protección Social y 52,31 billones para el Ministerio del Trabajo.
En contraste, entidades como el Fondo Adaptación, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Ministerio de Igualdad —actualmente en proceso de liquidación—, Fonvivienda y la Agencia Nacional de Hidrocarburos registrarían importantes reducciones en sus asignaciones.
Preocupa la caída en las regalías
Otro de los puntos que más inquieta a la Contraloría es la disminución proyectada en el recaudo del Sistema General de Regalías, recursos que financian miles de proyectos de inversión regional.
La entidad advirtió que esta situación podría afectar la ejecución de obras públicas y programas de desarrollo en 1.030 municipios y los 32 departamentos del país, además de generar retrasos en pagos a contratistas y comprometer la continuidad de diversas iniciativas financiadas con estos recursos.
El organismo también señaló que la reducción en las regalías tendría un impacto directo sobre su capacidad de vigilancia y control, debido a que parte del personal encargado de supervisar esos recursos es financiado precisamente con ese sistema.
Ante este escenario, la Contraloría hizo un llamado al Congreso de la República para que durante el debate del Presupuesto General de la Nación se adopten las medidas necesarias que permitan cerrar la brecha financiera y garantizar un presupuesto respaldado por ingresos reales.
Finalmente, el ente de control insistió en que Colombia necesita un presupuesto “íntegramente financiado, transparente, sostenible y orientado a resultados”, advirtiendo que la aprobación de un plan de gastos sin respaldo suficiente podría comprometer la estabilidad fiscal del país y la ejecución de políticas públicas durante 2027.
