La Contraloría General de la República encendió las alarmas al revelar que $7,59 billones recaudados mediante las medidas tributarias de la Emergencia Económica, Social y Ecológica de 2026 aún no han sido ejecutados, pese a que los recursos fueron obtenidos para atender a las comunidades golpeadas por la temporada invernal.
De acuerdo con el organismo de control, aunque el dinero ya fue incorporado al Presupuesto General de la Nación y existen certificados de disponibilidad para varios sectores, no se registran obligaciones ni pagos que evidencien el inicio de las obras o acciones de recuperación en los territorios afectados por el Frente Frío.
La Contraloría señaló que el recaudo, con corte al 18 de junio, asciende a $7,59 billones, provenientes principalmente del impuesto al patrimonio y otras medidas tributarias extraordinarias. Esta cifra representa el 87,5 % de los $8,68 billones adicionados al presupuesto para enfrentar la emergencia, lo que también genera preocupación por un posible desfase financiero durante el segundo semestre del año.
Retrasos en la UNGRD y falta del plan del Gobierno
Entre las principales observaciones del ente de control figura la situación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde los recursos continúan en fase de estructuración de convenios, retrasando el inicio de las intervenciones en las zonas afectadas.
Además, la Contraloría advirtió que el Gobierno Nacional aún no ha presentado el Plan de Acción Específico contemplado en el Decreto 0150 de 2026, documento que debe definir las acciones, responsables, cronogramas y metas para atender la emergencia.
Según el organismo, la ausencia de este plan dificulta el seguimiento a la inversión de los recursos públicos y limita la evaluación del cumplimiento de los objetivos que motivaron la declaratoria de emergencia.
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Sectores sin avances en la ejecución
El informe también evidencia que varios sectores no registran avances en la utilización de los recursos asignados. Entre ellos se encuentran Transporte, Ambiente, Minas y Energía, Salud, Bomberos, Prosperidad Social e ICBF, donde la ejecución permanece en cero.
En los casos de Vivienda y Educación, aunque ya existen certificados presupuestales, todavía no hay obligaciones ni pagos que reflejen el comienzo de las inversiones previstas.
Ante este panorama, la Contraloría reiteró que mantendrá la vigilancia sobre estos recursos e instó al Gobierno a acelerar la firma de los convenios pendientes y la ejecución de las inversiones para garantizar que los recursos lleguen oportunamente a las comunidades afectadas por la emergencia invernal.
