La Corte Suprema de Brasil autorizó la apertura de una tercera investigación contra el empresario Fábio Luís Lula da Silva, conocido como ‘Lulinha’ e hijo mayor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dentro de un proceso que busca establecer si incurrió en presuntos hechos de tráfico de influencias para favorecer intereses privados ante entidades del Estado.
La decisión fue adoptada por el magistrado Flávio Dino, quien dio luz verde a la solicitud presentada por la Policía Federal para ampliar las investigaciones. Paralelamente, el juez también autorizó otra indagación destinada a identificar a los responsables de la filtración de información reservada relacionada con los dos procesos anteriores, luego de una petición presentada por la defensa del empresario.
El nuevo expediente judicial se conoce cuando faltan exactamente dos meses para las elecciones presidenciales, en las que Lula buscará la reelección. La divulgación de la decisión generó reacciones inmediatas en el escenario político brasileño, especialmente entre sectores de oposición, que utilizaron el caso para cuestionar al actual Gobierno.
A través de un comunicado, los abogados de Lulinha aseguraron que su cliente recibió la noticia “con tranquilidad” y reiteraron que demostrará su inocencia durante el desarrollo del proceso. La defensa también dejó entrever que considera que las investigaciones se producen en un contexto de alta tensión política y electoral.
El empresario, quien actualmente reside en España, no confirmó si regresará a Brasil para atender personalmente los requerimientos de la justicia.
Por su parte, el presidente Lula había manifestado días atrás que su hijo no recibirá ningún trato preferencial por parte de las autoridades judiciales.
“Si mi hijo es acusado de cualquier cosa, será tratado como el hijo de cualquier ciudadano. Tendrá que demostrar su inocencia y, si resulta culpable, deberá responder ante la justicia como cualquier otra persona”, afirmó el mandatario en una entrevista reciente.
Las tres investigaciones giran alrededor de supuestas gestiones realizadas por el hijo del presidente ante organismos estatales para beneficiar a empresarios.
En uno de los casos, las autoridades investigan si intervino ante el Ministerio de Salud para facilitar autorizaciones relacionadas con la comercialización de medicamentos derivados del cannabis. En otro expediente, la justicia busca establecer si habría influido ante la empresa estatal Dataprev para favorecer la adjudicación de contratos públicos. La tercera investigación se centra en un presunto entramado de negocios irregulares entre empresarios y entidades del Gobierno brasileño.
Las autoridades continúan recopilando pruebas para determinar si existieron conductas que comprometan la responsabilidad penal del empresario.
