Luego de que el Consejo de Estado suspendiera de manera provisional los efectos del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno fijó el salario mínimo de 2026 en $1.750.905, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) solicitó que se consolide jurisprudencia que brinde mayor claridad jurídica sobre este tema.
El gremio señaló que, en el contexto actual, la prioridad debe ser mitigar los efectos del salario mínimo sobre variables como el empleo y la inflación, al advertir que se trata de una decisión con amplias repercusiones económicas y sociales.
El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, recordó que la agremiación no demandó el decreto y sostuvo que, en muchos casos, se trata de hechos cumplidos que deben asumirse como sociedad, procurando minimizar sus consecuencias negativas. Asimismo, indicó que se han generado derechos que no deberían afectarse, por lo que pidió prudencia en el manejo de la situación.
La Andi enfatizó que es fundamental consolidar precedentes jurisprudenciales que eviten que situaciones similares se repitan en el futuro y que aporten seguridad jurídica a trabajadores y empleadores.
Finalmente, el gremio hizo un llamado a las empresas para que, en la medida de sus posibilidades, adopten mecanismos que permitan no afectar a los trabajadores, mientras se define de fondo la situación jurídica del incremento salarial.
