Un giro decisivo para la industria automotriz, General Motors ha anunciado el cese de su planta de ensamblaje Colmotores en Colombia y la fábrica OBB en Ecuador, marcando el fin de un era casi septuagenaria en la manufactura de vehículos en la región.
El desmonte de la instalación colombiana inicia hoy, 26 de abril, mientras que la ecuatoriana concluirá sus operaciones a finales de agosto del año en curso. Esta medida señala una transformación hacia un modelo basado en la comercialización, venta y postventa de vehículos.
General Motors transitará hacia un negocio enfocado en la comercialización nacional para lanzar vehículos de última generación, respaldados por una experiencia de cliente y servicios posventa excepcionales.
Las fábricas operaban a una fracción de su capacidad, con Colmotores al 9% y OBB en Ecuador al 13%. La reestructuración tiene por objeto afrontar el desafío de la fragmentación de los mercados y la subutilización del equipo de fabricación.
El Ministerio de Trabajo de Colombia deberá aprobar la solicitud de despido colectivo de los trabajadores, presentada por General Motors y Zoficol, quien maneja una planta de estampados para Chevrolet Sail y Cobalt.
A pesar del cierre, la marca Chevrolet continuará su venta en Colombia, junto con el programa Chevyplan, y la presencia de General Motors se sostendrá a través de empresas como GMICA-Isuzu.
La empresa ha remarcado su comprensión frente al impacto en sus empleados y se compromete a apoyarlos en la transición, manteniendo su histórica presencia en ambos países mediante su marca y red de empresas.
Finalmente, General Motors explora opciones para la nueva generación de vehículos, enfatizando que el modelo de comercialización es ideal para la competencia en los mercados de Ecuador y Colombia.
Al conocer la noticia, el Ministerio del Trabajo de Colombia expresó su compromiso de proteger los derechos laborales de los empleados de General Motors y efectuará un seguimiento riguroso para asegurar el cumplimiento del debido proceso legal.
La ministra Gloria Inés Ramírez ha ordenado inspeccionar las instalaciones para revisar las condiciones laborales y garantizar el cumplimiento de las leyes vigentes.
