El equipo de Empalme Anticorrupción del presidente electo Abelardo De La Espriella presentó ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación un paquete de denuncias por presuntas irregularidades administrativas y posibles hechos de corrupción que comprometerían recursos públicos superiores a 370.000 millones de pesos.
Según el informe entregado por el gobierno entrante, uno de los principales hallazgos corresponde a un contrato entre el Ministerio de Defensa y CODALTEC para la adquisición de 16 sistemas antidrones. El análisis técnico advierte posibles sobrecostos de hasta el 85 %, un presunto detrimento patrimonial superior a 20.700 millones de pesos y la entrega de equipos que, al parecer, no fueron instalados completamente, carecen de geolocalización operativa y presentan fallas críticas en sus sistemas de inhibición, según reportes del Ejército Nacional.
Otro de los casos puestos en conocimiento de las autoridades involucra a la Unidad Nacional de Protección (UNP). El empalme solicitó investigar un contrato por 24.800 millones de pesos, adjudicado mediante contratación directa pese a que existía una orden judicial que suspendía el proceso de selección del cual se habría derivado.
En el informe también se incluyeron nuevos elementos relacionados con un contrato jurídico cercano a 23.000 millones de pesos suscrito por CENIT, filial de Ecopetrol. De acuerdo con el documento, existirían presuntas presiones políticas, sugerencias sobre perfiles profesionales que debía contratar el operador y la eliminación de mecanismos de control y seguimiento del contrato.
Las denuncias fueron radicadas entre el 1 y el 3 de agosto por Germán Calderón España, director del Grupo Élite del Empalme Anticorrupción, quien lidera la revisión de los procesos contractuales del gobierno saliente.
A pocos días de la posesión presidencial, el equipo de Abelardo De La Espriella aseguró que continuará entregando a los organismos de control los resultados de las auditorías técnicas y jurídicas que adelanta, con el propósito de que las autoridades determinen si existieron responsabilidades y, de ser el caso, se adelanten las investigaciones correspondientes.
