La Fiscalía General de la Nación presentó nuevos señalamientos contra Luis Carlos Vélez Romero, conocido con los alias de ‘Mono’ o ‘Dorian’, designado como gestor de paz del Gobierno y señalado de integrar la estructura criminal Comandos de la Frontera. Según el ente acusador, Vélez Romero sería el presunto propietario de un cargamento de casi tres toneladas de cocaína incautado en diciembre de 2022 al entonces conductor de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Manuel Antonio Castañeda.
Las revelaciones fueron conocidas durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Vélez Romero, capturado el pasado jueves en el municipio de Chía, Cundinamarca.
Lo relacionan con el caso del “narcochofer” de la UNP
De acuerdo con la Fiscalía, el cargamento de droga fue hallado el 19 de diciembre de 2022 en cercanías del municipio de Caloto, Cauca, cuando era transportado por Manuel Antonio Castañeda, quien para ese momento se desempeñaba como conductor de la Unidad Nacional de Protección.
El caso tuvo amplia repercusión nacional debido a que Castañeda también fue señalado de haber colaborado en el traslado de Juan Larrison Castro Estupiñán, alias ‘Matabamba’, tras su fuga de la cárcel La Picota, ocurrida en marzo de 2022.
Ahora, según la investigación, la Fiscalía sostiene que el verdadero propietario del cargamento sería alias ‘Mono’, quien actualmente enfrenta un proceso judicial por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Testimonios y chats hacen parte de las pruebas
Durante la diligencia judicial, la Fiscalía aseguró que uno de los principales testigos contra Vélez Romero es el propio Manuel Antonio Castañeda.
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Según la investigación, el hoy procesado habría utilizado su condición de gestor de paz para intentar gestionar la libertad del exconductor de la UNP.
El ente acusador también presentó decenas de conversaciones, mensajes cifrados y registros de comunicaciones que, presuntamente, demostrarían que Vélez Romero impartía instrucciones relacionadas con el movimiento de cargamentos de cocaína en diferentes regiones del país.
Asimismo, la Fiscalía afirmó contar con registros de consignaciones bancarias que, según la hipótesis de la investigación, habrían sido utilizadas para financiar la defensa judicial de Castañeda.
Estas evidencias habrían sido entregadas por la pareja sentimental del exfuncionario de la UNP.
Más de 500 registros telefónicos bajo análisis
Entre los elementos probatorios también figuran más de 571 registros correspondientes a cuatro líneas telefónicas que, según la Fiscalía, evidenciarían comunicaciones relacionadas con la presunta estructura dedicada al tráfico de estupefacientes.
Además, un familiar de Manuel Antonio Castañeda habría declarado que prestó una cuenta bancaria para recibir recursos enviados por Vélez Romero, circunstancia que ahora hace parte del expediente.
Cuestionamientos a su designación como gestor de paz
Durante la audiencia, la Fiscalía también cuestionó el proceso mediante el cual Luis Carlos Vélez Romero fue designado gestor de paz.
Según el ente investigador, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no habría sustentado adecuadamente las razones de su nombramiento, realizado durante la gestión del entonces comisionado Danilo Rueda.
Incluso, los fiscales señalaron que la resolución contenía un error en el número de cédula del designado y que dicha inconsistencia nunca fue corregida.
Vélez Romero es abogado y ha manifestado pertenecer a la comunidad indígena Inga, en el departamento del Cauca.
La defensa rechaza las acusaciones
La defensa del procesado solicitó al juez negar la medida de aseguramiento, argumentando que las declaraciones del exconductor de la UNP carecen de credibilidad.
El abogado Yefferson Torres Ramírez calificó a Manuel Antonio Castañeda como un “mentiroso compulsivo” y cuestionó que, si este fue capturado en 2022, la Fiscalía solo haya iniciado acciones contra su defendido varios años después.
Según el jurista, el testigo estaría buscando obtener beneficios judiciales mediante un principio de oportunidad y, por esa razón, habría entregado una versión que favorece los intereses de la Fiscalía.
La audiencia continuará este 27 de julio, cuando el juez deberá decidir si impone una medida de aseguramiento contra Luis Carlos Vélez Romero mientras avanzan las investigaciones. Hasta el momento, el procesado no ha sido condenado y las acusaciones en su contra continúan siendo materia de evaluación judicial.
