La Contraloría General de la República determinó hallazgos fiscales por 26,2 millones de dólares tras analizar un contrato para la implementación del Sistema de Administración del Mercado (SAM), suscrito por XM S. A. E.S.P., luego de una denuncia presentada por el Ministerio de Minas y Energía.
Según el ente de control, el contrato firmado entre XM y el Consorcio Siemens Endimensions presentó incumplimientos graves que impidieron la materialización de la solución tecnológica. La auditoría estableció que el sistema integral nunca fue entregado ni recibido a satisfacción, pese a que se otorgaron múltiples prórrogas al contratista.
De acuerdo con la información remitida por XM, los contratos fueron financiados con recursos del componente de inversión incluido en la tarifa regulada, aprobada anualmente por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
La Contraloría identificó un primer hallazgo fiscal por USD 15.634.924, correspondiente a la ejecución y pago del contrato principal. En este punto, se comprobó que XM S. A. realizó pagos significativos por bienes y servicios que no fueron efectivamente recibidos, lo que generó una afectación directa al patrimonio público.
Aunque la empresa aseguró haber ejercido supervisión constante sobre el contrato, el ente de control concluyó que dicha vigilancia no evitó el daño fiscal. Además, señaló que las acciones de reclamación ante la aseguradora y los procesos judiciales contra el Consorcio se iniciaron cuando el detrimento ya se había materializado.
Un segundo hallazgo, por USD 10.580.676, se relaciona con contratos asociados al diseño, implementación, capacitación del software y la prestación de servicios de soporte y mantenimiento. La Contraloría evidenció que, pese a que el sistema no fue entregado ni validado, se realizaron pagos por actividades de soporte sobre componentes que no estaban implementados, no funcionaban de manera integrada o no podían ser operados.
El organismo de control calificó esta situación como contraria a la naturaleza misma del soporte técnico y remitió el informe completo —con el análisis jurídico, técnico, financiero y contractual— al Ministerio de Minas y Energía para lo de su competencia.
