Las autoridades investigan un presunto esquema mediante el cual narcotraficantes y personas con solicitudes de extradición estarían intentando ser registrados como integrantes de comunidades indígenas para acceder a beneficios contemplados en la jurisdicción especial indígena.
Según las denuncias conocidas, algunos de estos procesados buscarían obtener condiciones de reclusión diferentes a las de una cárcel de máxima seguridad, siendo trasladados a centros de armonización o espacios de detención administrados por autoridades indígenas, donde cumplirían las medidas judiciales bajo ese régimen.
El caso ha despertado preocupación debido a la posibilidad de que estas maniobras no sean hechos aislados, sino parte de una estrategia para obtener ventajas procesales y penitenciarias de manera irregular.
Las investigaciones avanzan para establecer si existen redes dedicadas a facilitar este tipo de registros y determinar las responsabilidades correspondientes, así como verificar la autenticidad de las certificaciones utilizadas por los procesados.
