La justicia le puso rostro a uno de los protagonistas de los hechos de violencia ocurridos el 28 de octubre de 2023 en Gamarra, Cesar. Julio Rojas Marín, excandidato al Concejo de ese municipio, fue condenado a 32 meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en la agresión contra la entonces registradora municipal, durante una asonada que terminó con la sede de la Registraduría reducida a cenizas.
Los disturbios estallaron luego de una jornada electoral que no favoreció los intereses del entonces aspirante. Junto a un grupo de ciudadanos inconformes, Rojas Marín participó en una marcha que rápidamente se tornó violenta. La multitud irrumpió en las instalaciones de la Registraduría, enfrentando a los policías encargados de la seguridad y agrediendo a funcionarios.
Durante la investigación, la Fiscalía General de la Nación logró probar que el exaspirante político golpeó personalmente a la registradora y destrozó documentos, equipos y mobiliario. El acusado aceptó su culpabilidad en el delito de violencia contra servidor público mediante un preacuerdo con el ente acusador.
El juez penal de conocimiento de Aguachica avaló el acuerdo, condenando a Rojas Marín no solo a 32 meses de cárcel, sino también a igual periodo de inhabilidad para ejercer cargos públicos o derechos políticos.
Este caso se enmarca dentro de una escalada de violencia que tuvo consecuencias aún más trágicas. Tras los hechos que involucraron a Rojas Marín, otros individuos prendieron fuego a la sede de la Registraduría. En el incendio murió una servidora pública, hecho por el que ya hay fallo condenatorio contra tres personas.
La condena a Rojas Marín se convierte en un mensaje contundente frente a la violencia electoral y al uso de la protesta como pretexto para atacar las instituciones democráticas.
