Un contundente operativo de la Fiscalía General de la Nación, a través de su Grupo de Tareas Especiales, permitió la captura de nueve personas señaladas de integrar una presunta red de corrupción que habría direccionado millonarios contratos del Sistema General de Regalías en varias regiones del país, incluyendo el Caribe colombiano.
Las diligencias se adelantaron de manera coordinada por el CTI en Barranquilla, Arauca y Bolívar, donde fueron detenidos los presuntos implicados, todos oriundos de la capital del Atlántico. Entre ellos figuran representantes legales, coordinadores financieros y la tesorera de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), entidad que habría sido utilizada como fachada para la ejecución de los proyectos.
De acuerdo con las investigaciones, la red habría logrado direccionar cerca de 101 proyectos en departamentos como Casanare, Magdalena, Caldas, Santander, La Guajira, Cesar, Bolívar, Arauca y Córdoba, con recursos que superarían los $496.000 millones de pesos.
El presunto entramado se basaba en el uso de esquemas asociativos municipales que permitían a Aremca obtener la ejecución directa de obras públicas, evitando procesos de selección competitivos. Una vez administrados los recursos, se habrían vulnerado los principios de transparencia y contratación estatal.
Las autoridades señalaron que los proyectos estaban relacionados con sectores estratégicos como infraestructura, saneamiento básico, agricultura y alimentación, lo que habría incrementado el impacto del presunto desfalco en comunidades vulnerables.
Dentro de las líneas de investigación también se detectaron posibles irregularidades adicionales, como la presunta apropiación de $3.200 millones en proyectos ejecutados en Arauca y la omisión en el recaudo de cerca de $14.000 millones por concepto de contribución especial de obra pública, recursos destinados al Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).
La Fiscalía anunció que los capturados serán imputados por delitos como concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato y falsedad ideológica en documento público, entre otros.
El caso será presentado ante un juez de control de garantías, quien definirá la medida de aseguramiento de los implicados, mientras avanzan las investigaciones para determinar el alcance total del presunto desvío de recursos públicos.
