En un hecho sin precedentes recientes en la política nacional, el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue capturado en plena audiencia judicial, mientras que el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se entregó voluntariamente a las autoridades, tras la decisión de una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá que les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Bonilla asistía de manera presencial a la diligencia judicial en las instalaciones de los Tribunales de Bogotá y Cundinamarca, en el occidente de la capital, cuando funcionarios del CTI de la Fiscalía y de la Policía Judicial hicieron efectiva la orden de captura. Las imágenes del momento se difundieron rápidamente y generaron fuerte impacto político y mediático.
Por su parte, Luis Fernando Velasco se presentó en la noche del jueves ante el Inpec en Cali, acatando la orden judicial que también lo envía a prisión preventiva. La decisión judicial está relacionada con su presunta participación en el direccionamiento irregular de contratos estatales.
Las acusaciones de la Fiscalía
Según la Fiscalía General de la Nación, ambos exministros habrían convocado y participado en reuniones, impartido órdenes y realizado seguimiento para que proyectos de inversión del Invías y de la UNGRD fueran asignados a congresistas específicos, con el fin de asegurar respaldo político y votos a iniciativas del Gobierno en el Congreso.
El ente acusador detalló tres momentos clave en los que se habrían configurado las conductas ilegales:
Entre junio y septiembre de 2023, presuntamente intervinieron en 79 contratos (74 de Invías y 5 de la UNGRD) por un valor cercano a $612.237 millones, de los cuales siete sí fueron concretados.
Entre septiembre y diciembre de 2023, habrían intercedido en tres contratos de la UNGRD para atención de emergencias en Arauca, Córdoba y Bolívar, por $86.619 millones, que finalmente no se materializaron.
Entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, se habría intentado direccionar un contrato de $35.000 millones en Sahagún (Córdoba), gestión que tampoco se concretó.
Delitos imputados
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Bonilla y Velasco los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Ninguno de los dos aceptó los cargos.
Con estas capturas, ya son seis los exfuncionarios del Gobierno Petro privados de la libertad dentro de este escándalo, considerado uno de los más graves en materia de corrupción administrativa en los últimos años. La investigación continúa y podría dejar nuevas decisiones judiciales en los próximos días.
