La acusación está relacionada con delitos distintos a los incluidos en los preacuerdos suscritos con los procesados.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a tres exdirectivos y a un exasesor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y a un contratista por el direccionamiento de órdenes de proveeduría para cubrir obras de mitigación de emergencias en varios departamentos y garantizar el suministro de agua potable para las comunidades indígenas de La Guajira, entre marzo de 2023 y febrero de 2024.
Se trata del exdirector de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez; el exsubdirector del Manejo del Riesgo de esa entidad, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez; el exasesor de la entidad, Pedro Andrés Rodríguez Melo; el exdirector de Conocimiento, Luis Carlos Barreto Gantiva, y el contratista Luis Eduardo López Rosero.
La Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó a estas personas, de acuerdo con su participación en el entramado de corrupción, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
Adicionalmente, Barreto Gantiva fue acusado por el delito de concierto para delinquir agravado.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios, López Martínez y Pinilla Álvarez auspiciaron diferentes irregularidades para favorecer a contratistas específicos.
En un primer suceso delictivo orientaron seis órdenes de proveeduría para que fueran adjudicadas a las empresas del contratista López Rosero. Las iniciativas contemplaban el suministro de materiales para atender emergencias en Nariño, Chocó y Cauca; comprar 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira, por 46.800 millones de pesos; adquirir 20 carrotanques, por más por 27.000 millones de pesos, y 20 camiones tipo bombero, por 31.000 millones de pesos.
Aquí también participó Rodríguez Melo, quien ubicó al contratista Luis Eduardo López Rosero y le entregó con tres meses de anticipación información privilegiada de los procesos contractuales.
El segundo hecho ilícito está relacionado con el contrato de alquiler de carrotanques, por 24.000 millones de pesos, suscrito con conocidos del exsubdirector del Manejo del Riesgo.
Y el tercer suceso es el direccionamiento de contratos a empresas referidas por terceras personas para cubrir otras actividades, bienes y servicios. En este caso, los recursos fueron obtenidos por las gestiones y trámites realizados por Barreto Gantiva, que permitieron la reducción de 100.000 millones de pesos de un convenio que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres celebró con la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Por disposición del juez cuarto penal especializado del circuito de Bogotá las audiencias preparatorias de juicio se realizarán el 3 y 23 abril, y el 7 de mayo del año en curso.
