En un trabajo investigativo y operativo interinstitucional fueron detectados e intervenidos los puntos de tala indiscriminada de bosque, así como los centros de acopio y transformación de la madera para su comercialización ilegal. Seis personas fueron judicializadas.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Seccional Magdalena Medio, y en trabajo articulado con la Policía Nacional y el Ejército Nacional, intervino una importante área entre Santander y Antioquia en la que se han deforestado 345 hectáreas de bosque nativo y primario durante el último año.
De acuerdo con la evidencia y los elementos de prueba obtenidos, una organización delictiva ha talado indiscriminadamente especies protegidas en los Distritos Regionales de Manejo Integrado de la Serranía de Los Yariguíes y el humedal San Silvestre, y en la zona de reserva forestal del Río Magdalena.
Posteriormente, la red ilegal convierte la madera en tablones y listones; y la trasladada a puntos de acopio donde coordina la comercialización a diferentes ciudades del centro, oriente y occidente del país. En distintos procedimientos de incautación se han detectado variedades de Coco Rojo, Amargo, Brasilete, Roble, Higuerón, Cedro y Moncoro, las cuales eran transportadas de manera clandestina y sin los permisos de ley.
En siete diligencias de registro y allanamiento realizadas en Yondó (Antioquia) y San Vicente de Chucurí (Santander), los grupos investigativos y operativos llegaron a predios en los que se cumplían los procesos de aprovechamiento y transformación de la madera.
Seis personas fueron capturadas en situación de flagrancia; además, se encontraron ocho motosierras y otras herramientas, y se recuperó un mono maicero que estaba en cautiverio.
La Fiscalía imputó a los detenidos el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. Cinco de los procesados aceptaron el cargo. Las actividades investigativas continúan para identificar y ubicar a otras personas que estarían involucradas en el andamiaje ilegal que afecta la franja forestal de protección del río Magdalena.
