Por petición de un fiscal adscrito a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bolívar, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Marcel Eduardo Buendía Hernández, quien hasta el momento de su captura se desempeñaba como archivador de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
La decisión judicial está relacionada con hechos ocurridos entre mayo de 2018 y agosto de 2019. El procesado habría usado su cargo en la entidad pública para exigir el pago de hasta un millón de pesos por diligenciar contraseñas a ciudadanos venezolanos; a pesar de ser trámites gratuitos.
Según se logró determinar el funcionario, al parecer, se prestó para adulterar información oficial que, supuestamente, permitiría legalizar la estadía de extranjeros en el territorio nacional. También se evidenció que los datos consignados en dichos documentos eran falsos.
El ente acusador investiga si esta conducta se presentó de manera reiterada pues, al parecer, existe otra queja contra el procesado por, supuestamente, incurrir en un comportamiento similar.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturaron a Buendía Hernández el 13 de junio anterior en su lugar de trabajo, en el barrio Retén Doña Manuela de Cartagena.
El investigado negó los cargos endilgados por el ente acusador como presunto responsable de los delitos de concusión en concurso heterogéneo con falsedad material en documento público.
