La Unidad Nacional de Protección (UNP) determinó que el juez Hugo Junior Carbonó Ariza, quien adelanta el proceso judicial contra Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos, enfrenta un “riesgo extraordinario” para su vida, por lo que deberán adoptarse medidas urgentes de protección.
La decisión quedó consignada en la resolución DGRP 000145 de 2026, firmada por el director nacional de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, y fue notificada formalmente al togado, quien se desempeña como Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla.
Riesgo confirmado por comité especializado
La declaratoria de riesgo se produjo tras la evaluación del Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) para servidores y exservidores públicos, que concluyó que el juez Carbonó Ariza se encuentra en una situación que amerita protección reforzada, debido a la naturaleza y sensibilidad del proceso que adelanta.
Medidas de protección ordenadas
Ante este escenario, la UNP solicitó al Consejo Superior de la Judicatura adoptar de manera inmediata un esquema de seguridad que incluye:
Vehículos blindados
Escoltas armados
Chalecos antibalas
Otros elementos de protección personal
Según la resolución, la Policía Nacional asignará el personal encargado de la seguridad, mientras que la UNP apoyará de forma subsidiaria con recursos físicos y escoltas cuando sea necesario. El costo del esquema deberá ser asumido por el Consejo Superior de la Judicatura.
Alertas previas del juez
El documento también recuerda que, en noviembre del año pasado, el juez Carbonó ya había advertido a la UNP sobre el alto riesgo que enfrentaba, luego de que el vehículo asignado para su protección presentara graves fallas mecánicas y eléctricas, situación que estuvo a punto de provocar un accidente de tránsito.
Coordinación institucional
Las medidas de seguridad deberán ser notificadas a la Alcaldía de Barranquilla, como primera autoridad de Policía del Distrito, y comunicadas a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de impulsar las investigaciones relacionadas con las denuncias presentadas por el juez en su calidad de servidor público.
La decisión de la UNP vuelve a poner sobre la mesa la delicada situación de seguridad que enfrentan jueces y funcionarios judiciales encargados de procesos de alto impacto en el país.
