El accidentado proceso penal contra el exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, sumó un nuevo revés institucional que prolonga el limbo jurídico en el que se encuentra desde hace 36 meses. Tras confirmarse el retiro de la fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt mediante una resolución interna de la entidad, el expediente contra el hijo del primer mandatario acumula tres años de audiencias y maniobras de la defensa sin que se logre dar apertura formal al juicio oral.
La renuncia forzada de la funcionaria deja el caso congelado en plena etapa preparatoria, justo en medio del debate por las pruebas que serán utilizadas por las partes y que actualmente se encuentran bajo apelación ante el Tribunal Superior de Barranquilla.
Un expediente estancado entre relevos institucionales
Laborde se convirtió en la segunda fiscal en abandonar la investigación, luego de haber asumido el despacho tras el polémico relevo del fiscal original del caso, Mario Burgos. Su salida no estuvo exenta de controversias: antes de apartarse de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, la funcionaria denunció presiones indebidas por parte del presidente Gustavo Petro y recusó el comportamiento sospechoso de una fiscal auxiliar asignada a su despacho sin su consentimiento.
A nivel judicial, Petro Burgos enfrenta una acusación penal formal por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, derivados de las presuntas maniobras financieras que ejecutó mientras ejercía como coordinador logístico de la campaña presidencial de su padre en la región Caribe durante el año 2022. El proceso comenzó formalmente con su captura en julio de 2023 junto a su exesposa, Daysuris Vásquez, quien posteriormente se transformó en la testigo estrella de la Fiscalía tras destapar las presuntas infidelidades de su entonces pareja.
El laberinto probatorio y el choque de testimonios
El núcleo del debate que tiene frenado el inicio del juicio gira en torno a la trazabilidad de los recursos económicos bajo sospecha, calculados globalmente en $1.300 millones de pesos.
La versión del investigado: En declaraciones recientes a medios de comunicación, Nicolás Petro insistió en su inocencia y argumentó que los dineros percibidos fueron lícitos e incluidos oportunamente en su declaración de renta. “Yo nunca le dije a nadie que esos recursos fueran para la campaña de mi papá”, enfatizó el exdiputado al desvincular el presupuesto de la contienda electoral.
La evidencia de los aportantes: En la acera opuesta, el expediente disciplinario que instruye la Procuraduría General de la Nación recopila el testimonio bajo juramento del abogado y contratista Gabriel Elías Hilsaca Acosta. Hilsaca aseguró haber entregado en efectivo un total de $400 millones de pesos directamente a Petro Burgos entre abril y mayo de 2022. Según el testigo, el propio Nicolás Petro solicitó los montos argumentando de forma expresa que el destino final de las donaciones era la financiación logística de la campaña en el norte del país.
El futuro inmediato de la acusación
Con la salida de Laborde de la jefatura del caso, la defensa de Petro Burgos —que actualmente comparece en libertad— ha ganado tiempo en un tablero jurídico marcado por las dilaciones institucionales.
Ahora, la Fiscalía General de la Nación se enfrenta a la urgente necesidad de designar a un tercer fiscal encargado de reasumir el expediente, estudiar el volumen probatorio apelado y representar al ente acusador en el complejo juicio que se avecina. Mientras tanto, el proceso continúa bajo el escrutinio de la opinión pública y los entes de control, a la espera de que el tribunal regional destrabe los recursos pendientes.
